El Tiempo en Muñiz


Marcharon en México para reclamar justicia


Miércoles, 17 de Mayo de 2017

Periodistas, comunicadores, fotógrafos, camarógrafos y otros profesionales mexicanos del gremio realizan una huelga con movilización tras el crimen de Javier Valdéz Cárdenas, corresponsal en Sinaloa del diario La Jornada.

“¡Nos están matando!” y “¡No más asesinatos en México!” eran algunas de las consignas que se repetían en el Distrito Federal, frente al Ángel de la Independencia, y otros puntos del país para exigir justicia al Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde el 2000, se registran 126 periodistas y comunicadores asesinados en México, más otros 20 en condición de desaparecidos, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El de Valdéz fue el sexto crimen en lo que va del año. Filiberto Álvarez, locutor de la estación de radio La Señal de Jojutla, en la zona sur del estado de Morelos, murió de cinco balazos a principios de mayo. Le precedieron, Max Rodríguez, periodista del Colectivo Pericú, de Baja California Sur; y Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua.

Ricardo Monlui Cabrera, director del diario El Político de Xalapa, fue ultimado el 19 de marzo, y Cecilio Pineda, colaborador de los diarios La Voz de Tierra Caliente, El Universal, entre otros medios de Ciudad de Altamirano, Guerrero, corrió la misma suerte el 2 de marzo.

El presidente Peña Nieto calificó de “indignante” el asesinato de Valdéz y dispuso que la Procuraduría General asuma la investigación del caso, pero lo cierto es que los periodistas mueren a balazos en México y los responsables, en la mayor parte de los casos, nunca comparecen ante la justicia.

Así lo expresó el diario La Jornada en su editorial de este martes, bajo el título “Impunidad asesina”. La reproducimos a continuación:

Al mediodía de ayer, en pleno centro de Culiacán, fue asesinado Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de este diario en Sinaloa y cofundador del semanario local Ríodoce. Dos sujetos armados lo despojaron de su vehículo y le dispararon varias ocasiones.

Es imprecisa la idea de que nuestro compañero se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental. Fue más bien la realidad de su estado la que se deslizó por una pendiente de descomposición generalizada y por la pérdida de control de las autoridades constituidas. Y Javier hablaba de la realidad.

Fue ese proceso de desintegración lo que retrató en sus crónicas, en sus despachos y en sus libros, a sabiendas de que tal fenómeno era una amenaza de muerte para cualquier ciudadano, pero especialmente para los informadores.

A propósito de su última obra, Narcoperiodismo, editada a finales del año pasado, Javier dijo en entrevista con La Jornada: No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos cerca el gobierno. De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narcotráfico, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar, pues quizá sea el que pasa informes al gobierno o a los delincuentes.

El 23 de marzo cayó asesinada nuestra corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea. Hasta ahora, pese a las promesas gubernamentales de justicia, su crimen sigue impune.

En el país han sido asesinados más de 120 informadores de 2000 a la fecha. En la gran mayoría de los casos los responsables intelectuales y materiales ni siquiera han sido identificados, y mucho menos sometidos a juicio y sancionados conforme a derecho.

Matar a un periodista, a una mujer, a un defensor de derechos humanos, a un ciudadano cualquiera, se ha vuelto una actividad de muy bajo riesgo porque, según toda evidencia, en las instancias de gobierno estatales y federales la determinación de hacer justicia es meramente declarativa.

El hecho es que la responsabilidad última de las muertes de Javier, de Miroslava y de todos los informadres caídos en el país, cuyo número creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón declaró una guerra irresponsable y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes que no han sido capaces de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, que han actuado con indolencia, en el mejor de los casos, ante el agudo deterioro de la seguridad pública, que han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policiaco en un asunto de seguridad nacional y que han sido omisas en la procuración e impartición de justicia.

Los gobiernos sinaloense y federal deben actuar ya y esclarecer y sancionar sin dilaciones el asesinato de Javier Valdez Cárdenas. Si las autoridades no ponen fin a esta violencia enloquecida, si no se emprende un viraje en las políticas de seguridad pública vigentes, en lo sustancial, desde el calderonato, y si este más reciente crimen no se esclarece conforme a derecho, se fortalecerá la percepción de que no hay autoridad alguna.

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