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La justicia Española cita a declarar a la examante del rey Juan Carlos por una causa de blanqueo

Lunes, 27 de Julio de 2020

Corinna von Larsen (56) habría recibido 65 millones de euros de su examante, el rey Juan Carlos I.

La empresaria alemana Corinna von Larsen, examante del rey emérito, deberá comparecer ante la Audiencia Nacional para determinar si Juan Carlos I cometió los delitos de cohecho y blanqueo fiscal.

La Audiencia Nacional de España imputó este lunes a la examante del rey emérito Juan Carlos I, la empresaria Corinna von Larsen (56), y la citó a declarar el próximo 8 de septiembre tras la reapertura de una causa judicial por presunto cohecho revelado a través de unas escuchas en las que hablaba de las finanzas ocultas del exmonarca.

La máxima instancia penal española toma la decisión de oficio en base a documentación remitida por la policía judicial española a Suiza, que ya derivó en el inicio de una investigación preliminar de la Fiscalía del Tribunal Supremo para determinar si Juan Carlos I cometió delitos de blanqueo o fiscales desde en su condición de rey emérito, tras abdicar a favor de Felipe VI, en junio de 2014.
Juan Carlos de Borbón (82) no puede ser investigado por la Audiencia Nacional por su condición de aforado, de ahí que lo está haciendo el Supremo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, por su parte, cita ahora como imputada a Larsen, al comisario retirado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, quienes deberán declarar entre el 7 y 8 de septiembre, según informaron fuentes judiciales.

Los abogados de Larsen indicaron en un comunicado que "jamás contrató o discutió contratar al Sr. Villarejo y, por lo tanto, jamás le pago cantidad alguna" y recordaron que "las autoridades han contado con el material relevante desde enero de 2019".
"Nuestra cliente defenderá enérgicamente sus derechos contra estas imputaciones, las cuales carecen de fundamento alguno", aseguraron el texto citado por la agencia de noticias EFE.

Con esta decisión se reabre la "pieza Carol" del caso Villarejo, una ramificación de una investigación amplia que aborda las corruptelas de este ex policía reconvertido en investigador privado, quien se encuentra en prisión provisional acusado de cohecho y blanqueo de capitales, tras amasar una fortuna presuntamente haciendo trabajos sucios para políticos, banqueros y empresarios.

En concreto, la causa se derivó de unas grabaciones incautadas en 2017 a ex comisario en las que Corinna von Larsen se refería a las supuestas coimas que Juan Carlos I recibió de la monarquía saudí por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de La Medina a La Meca, así como a las cuentas del rey en Suiza a nombre de testaferros.
En los audios aparece también Villalonga, quien presentó a Larsen y Villarejo, entonces todavía en activo, quienes mantuvieron un primer encuentro en Londres en 2015.

Sin embargo, el primer juez que asumió este caso lo archivó en septiembre de 2018 por falta de indicios y por la inviolabilidad de la que gozaba el ex monarca hasta 2014.

No obstante, de esas mismas grabaciones de Villarejo surgió la investigación abierta en Suiza contra Larsen por supuesto delito fiscal agravado, al aceptar 65 millones de euros de Juan Carlos I, procedentes de la Fundación "off shore" Lucum, que el exmonarca habría utilizado para ocultar los 100 millones de dólares en comisiones saudíes, según la Fiscalía suiza.

A raíz de la demanda de cooperación judicial de Suiza y en nuevas actuaciones policiales -como el análisis de nuevas grabaciones halladas en el domicilio de Villarejo -el magistrado García Castellón entiende que se tuvo conocimiento de supuestos delitos que deben ser esclarecidos.

El magistrado busca determinar ahora si Larsen contrató a Villarejo para investigar a una asistente suya española, incluso mediante la intervención de su teléfono -de forma ilícita-, porque sospechaba que filtraba información de su vida privada, según relata la ex amante del rey en grabaciones que hizo el ex comisario.

En ese sentido, el juez considera que si el encargo llegó a materializarse y si se abonó dinero por ello, podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido los investigados por los delitos cometidos en España, que deben ser perseguidos.