La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un mensaje de homenaje en conmemoración del vigésimo aniversario de la revocación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Estas leyes, eliminadas por decisión del Congreso, habían permitido que genocidas quedaran exentos de condenas por los delitos cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.

La fecha marca un momento trascendental en la historia reciente del país, y la Secretaría de Derechos Humanos destacó el "papel fundamental" que tuvo la anulación de estas leyes en la búsqueda de justicia. Gracias a este acto, más de mil genocidas han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, marcando un avance significativo en la lucha por la memoria y la verdad.
 

Hace 20 años, el 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación convirtió en ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. pic.twitter.com/UqEXwvE1rs

— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) August 21, 2023

En sus redes sociales, la dependencia expresó: "La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue fundamental para la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, 20 años después, hay más de 1.100 genocidas condenados y los juicios continúan". Este recordatorio resalta la importancia de la decisión tomada hace dos décadas y su impacto duradero en el proceso de justicia y memoria en Argentina.

El 21 de agosto de 2003 quedará marcado como un hito en la historia de Argentina, ya que fue cuando el Senado de la Nación ratificó la nulidad de las denominadas "leyes de impunidad". 

El legado de esta decisión perdura y sigue impulsando la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica en Argentina. La anulación de las leyes de impunidad ha permitido arrojar luz sobre un período oscuro de la historia y contribuir a la construcción de una sociedad basada en valores de verdad, justicia y respeto por los derechos fundamentales.