Desde el gobierno nacioanl se enviará al Congreso un proyecto para revertir la modificación sobre el Impuesto a las Ganancias realizada a fines de septiembre, la cual eliminó la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y creó un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a quince veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) mensual.

La medida, que fue impulsada por el exministro de Economía, Sergio Massa, tuvo el acompañamiento de casi todas las bancadas, incluso de La Libertad Avanza, a excepción de la de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, la izquierda, La Libertad Avanza, una parte del Interbloque Federal, los rionegrinos y misioneros de Provincias Unidas y los monobloques provinciales apoyaron la reforma de la ley.

Sin embargo, el presidente Javier Milei, que en tiempos de  legislador había votado a favor de la iniciativa, ahora busca retroceder en ella. En una entrevista, el presidente electo había declarado que "las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente" y que "se mantendrán ambas reducciones".

Esta decisión representa una clara contradicción con las promesas de campaña de Milei, quien se presentó como un defensor de la reducción de impuestos. Sin embargo, ahora parece estar dispuesto a imponer más cargas tributarias a los trabajadores para cumplir con sus compromisos de equilibrio fiscal.

Este movimiento del presidente Javier Milei se percibe como un retroceso en la iniciativa que inicialmente favoreció a los trabajadores, y cabe destacar que el propio Milei votó a favor de esta ley. La medida eliminó ciertos gravámenes para los empleados y creó un tributo que recaería específicamente sobre los ingresos más elevados.

En relación con los desafíos económicos,  desde el oficialismo se enfatizó la importancia de abordar el problema de las Leliq con una solución de mercado, sin recurrir a medidas extremas como la expropiación. Advierte sobre los riesgos de no resolver este problema, indicando que podría resultar en una hiperinflación que afectaría al 95% de los argentinos.