Dirigentes políticos y gremiales cuestionaron el "protocolo antipiquete" anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará "como veedora de los derechos humanos" en la movilización convocada para este miércoles en rechazo "al ajuste" del gobierno de Javier Milei, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.

"Decidimos conformar una comisión permanente que oficiará como veedora de los derechos humanos, en esta manifestación y en todas las otras convocadas frente al ajuste criminal, por cualquier organismo o cualquier organización social", informaron en el texto titulado "en el lugar de siempre" y publicado en la cuenta oficial de Grabois de la red social X, antes conocida como Twitter.

"EN EL LUGAR DE SIEMPRE"

Les comparto el texto que escribimos con Nacho Levy:

La primera vez que nos convocó un 20 de diciembre, a nosotros como a toda nuestra generación, no estábamos frente a una computadora, ni craneando conspiraciones, ni convocando a movilizaciones.…

— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 19, 2023

En el documento, Grabois dijo que aunque "ni el partido Patria Grande, ni La Poderosa, ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ni la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)" convocan a la marcha, sino que allí van a estar como "personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos".

"Sosteniendo una guardia de derechos e información, con nuestros propios ojos, nuestros equipos de abogados y nuestros comunicadores desplegados por toda la ciudad, protegiendo la integridad de los manifestantes, salvaguardando sus derechos ciudadanos, registrando eventuales delitos de las Fuerzas y efectuando las denuncias correspondientes", aseguraron.

Además, recordaron que la primera vez que se manifestaron un 20 de diciembre eran "pibes defendiendo la vida en una Argentina que ya estaba partida, por aquellos que se suponían de salida" y que sin embargo "todavía tienen un cargo".

"No hacía falta llamar a movilizar, ni agitar con alma y vida, porque cuando la comida y el salario quedan a contramano, más temprano que tarde viene la ola, el piquete y la cacerola", sostuvieron.

En tanto, sostuvieron que "salvo lamentables excepciones, las movilizaciones se realizan en Argentina sin represión" como en "cualquier país libre y democrático".

"Quieren al piquete bien lejos de la cacerola, para que la lucha no sea una sola, pero ya nos aprendimos esta coartada. Y al final del túnel no hay nada, todo está oscuro del otro lado, ni dólar, ni futuro, ni asado", expresaron.

Asimismo, alertaron sobre "las medidas criminales anunciadas por (el ministro de Economía, Luis) Caputo" que son "barnizadas por la intimidación pública" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificaron como "otrora piquetera, otrora tractorera, cuyas cacerías hemos denunciado de manera frontal y hemos padecido en forma personal".

"Saldrán a cazar `orcos`, malos, sucios y feos, mientras agonizan miles de empleos, como si todo este circo pudiera saldar la falta de pan. Buscan eso, ¡no lo encontrarán!", apuntaron en el texto.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó el protocolo de orden público por considerar que coloca al país "en las puertas de una etapa no democrática".

El dirigente se mostró sorprendido por el hecho de que no haya actuado "de oficio un fiscal o juez" contra ese protocolo de orden público y evaluó que desde el Gobierno "nos quieren sacar la huelga y la movilización para seguir explotándonos".

"El protocolo antipiquetes nos coloca a las puertas de una etapa no democrática de la Argentina. Pareciera que algunos sectores sociales pueden protestar y otros no. Garantizar la paz social es responsabilidad de los gobiernos", indicó.

En declaraciones, el dirigente gremial se refirió a la reunión que mantendrán los gobernadores este mediodía con el presidente Javier Mieli y analizó que los mandatarios provinciales "tienen la oportunidad de levantar la voz".

Luego, Aguiar ratificó que desde ATE se resolvió "una medida de fuerza nacional para el 22 de diciembre en rechazo al ajuste, que rápidamente se dispara a las provincias" y detalló que "cada jurisdicción resolverá su modalidad".

"Esto no da para más. Hay remarcación indiscriminada en todos los precios. Respetamos la voluntad popular, pero nos toca la responsabilidad de hablar de los problemas de los trabajadores", opinó Aguiar y expresó: "No aceptamos el protocolo antipiquete de (la ministra de Seguridad) Bullrich".

UNAS 1.700 ORGANIZACIONES DENUNCIARON AL PROTOCOLO DE ORDEN PÚBLICO ANTE CIDH Y ONU

Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el "cese" de su aplicación, que tendrá mañana su primera prueba en el marco de la movilización convocada por la Unidad Piquetera, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.

"Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales", informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.

Según se precisó, se enviaron "dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo" presentado días atrás por la ministra Bullrich y oficializado luego con la publicación de la Resolución 943/2023 de la cartera de Seguridad en el Boletín Oficial.

Las presentaciones -realizadas ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)- cuentan con el respaldo de 1.700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos.

Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.

En los escritos, se advierte que "la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos".

"El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas", añadieron en la denuncia.

Asimismo, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que "manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta".

En la carta a la CIDH se pidió que se adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.

En tanto, el escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.

"Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan", finalizaron en la denuncia.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó que "la protesta social es una de las herramientas democráticas básicas para expresar el descontento social y reclamar su modificación" y planteó que el protocolo antipiquete "constituye la búsqueda por ilegalizar, disuadir y reprimir las manifestaciones públicas y por lo tanto limitar el derecho a la protesta".

La Comisión estimó que "el protocolo asimila cualquier manifestación pública que limite la circulación al delito establecido en artículo 194 del Código Penal, lo implica que cualquier actividad en el espacio público que obstaculice el tránsito queda sujeta a la intervención represiva de las fuerzas de seguridad nacionales sin la necesidad de orden judicial previa".

"Este instrumento es claramente inconstitucional", destacaron desde la Comisión y recalcaron que "se ilegaliza el derecho a peticionar a las autoridades, que es la base del sistema republicano de gobierno que establece nuestro ordenamiento jurídico".

A la vez, expusieron que "los derechos de peticionar a las autoridades, de reunión y de libertad de expresión, funcionan como límite a la antijuridicidad de la conducta típica contemplada en el artículo 194 del Código Penal", por lo que "es indispensable la intervención judicial previa".

La CPM advirtió que "al ilegalizar las manifestaciones públicas, también se ilegaliza a las organizaciones o personas que promuevan o participen ejerciendo el derecho a peticionar o a expresarse en el espacio público".

"En esta dirección se habilita no solo la denuncia de personas y organizaciones, sino también la creación de registros y bases de datos que se encuentran vedadas por la constitución y las leyes de inteligencia y seguridad interior", se planteó y se agregó que "la ilegalización del derecho a manifestar unida a la evidente habilitación de la realización de inteligencia hacia las organizaciones, constituye la promoción de una actividad policial de neto carácter político".

Para el organismo de derechos humanos, el protocolo "está dirigido a disuadir la participación en manifestaciones públicas" y "amenaza con sanciones penales o administrativas a los migrantes, las madres o padres que concurran con sus hijos menores, los transportistas, y toda persona que intervenga en alguna de las acciones que hagan posible su realización".

Por ello, consideró que "el protocolo invade la órbita de autonomía provincial para disponer la intervención de fuerzas federales en territorio de las provincias", lo que "podría generar conflictos entre las autoridades provinciales y nacionales".