El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

Además, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.

También ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que, en 72 horas, informe la cantidad de productos alimenticios que tiene stockeados y, de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo de producto, establezca  "de inmediato" un plan de distribución. La respuesta de Casanello respondió a un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos.

La información que De La Torre de Niñez y familia deberá brindar en menos de 72 horas permitirá corroborar los dichos públicos del fin de semana, cuando fue entrevistado por Radio Mitre para responder a las denuncias. "Son alimentos no perecederos y según las necesidades de cada provincia vamos mandando. Es para tener un stock, pasa en todos los países del mundo", sostuvo el secretario de Niñez y Familia al tiempo que siguió justificando sus decisiones con el efrentamiento contra las organizaciones de base: "Hoy Grabois no tiene la bolsa de alimentos para extorsionar a la gente y dar las bolsitas para que vayan a las marchas".

Belliboni fue citado para el 15 de junio.

El juez adoptó la decisión después de “avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas -en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente”.

Así, el juez determinó que “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo".

Casanello basó su apreciación en “la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, subrayó.

Según Casanello, “dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.

El cronograma de las indagatorias prevé que Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches deberán presentarse el 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper, el 12;  Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli, el 13;  Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez, el 18; Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma, el 19;  Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz, el 15.

Casanello advirtió sobre “una distorsión de la noble política estatal –en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores”.

“La organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”, destacó el juez.