El fallo que le dio la razón al gobierno bonaerense y a ARBA fue dictado por la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, María Ventura Martínez, quien desestimó la cautelar pedida por el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini por considerar que «no se acreditó la verosimilitud del derecho» y que, además, «prima facie» el impuesto fue liquidado correctamente, es decir dentro del límite del 200% dispuesto por la ley fiscal impositiva aprobada a fin de año por la Legislatura bonaerense.

En su presentación, el productor sostenía que el Inmobiliario Rural no había sido liquidado conforme al tope del 3% de la valuación fiscal que fijaba el Consenso Fiscal de 2021, y que tampoco respetaba el tope del 200% respecto del 2023, por lo que resultaba «inconstitucional» por «irrazonable y desproporcionado». Por todo esto, el contribuyente había pedido a la Justicia que le ordenara a ARBA reliquidar las cuotas 1 a 4 conforme a los valores de 2023 y con los beneficios fiscales vigentes entonces, como un descuento del 35% por «buen cumplimiento» que fue eliminado este año. También requería que la agencia que conduce Cristian Girard se abstenga de intimar al contribuyente, emitir títulos ejecutivos o iniciar juicio de apremio hasta tanto no exista una sentencia definitiva.

Sin embargo, la jueza Martínez desestimó el pedido por entener que el límite de imposición proveniente del Consenso Fiscal «no está operativo» y porque el impuesto inmobiliario rural «se encuentra correctamente calculado» de acuerdo a lo que informó ARBA y a la Ley Impositiva 15.479 y las resoluciones normativas vigentes, según informaron fuentes judiciales a Tiempo. Tampoco se demostró, según la resolución de la magistrada, que existiera «peligro en la demora» -como planteaba Remorini- que ameritara dictar una medida cautelar.

Se trata de la segunda presentación judicial rechazada al sector rural por la liquidación de ARBA. La primera había sido presentada por el productor de San Vicente, Agustín Arechavala, quien pedía dar marcaha atrás con la suba por considerar «ilegítima y confiscatoria». Pero tampoco prosperó.

Las subas en el impuesto fueron fijadas por la ley fiscal impositiva aprobada en diciembre, con los votos de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y un sector de los libertarios. Cuando llegaron las primeras boletas en marzo, un sector del campo denunció que las subas excedían el tope del 200% y dirigentes de la Libertad Avanza como el diputado José Luis Espert convocaron a «una rebelión fiscal» en la provincia, una propuesta que recibió rápidamente el apoyo del presidente Javier Milei.

Tras la polémica, el Ejecutivo armó una mesa con las entidades ruralistas como CARBAP, la Sociedad Rural y con legisladores de la oposición para atender los casos y analizar cualquier posible error, pero no se encontraron subas por encima de lo dispuesto en la ley impositiva.