Kicillof ya tuvo reuniones con los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Chubut, Ignacio Torres, una estrategia de proyección nacional que algunos denominan “el Clio ampliado”.

Kicillof asistió a Santa Fe con vehículos en comodato para sus fuerzas de seguridad, cuando la entrega de una compra realizada por Pullaro a la terminal automotriz se demoraba meses, en pleno pico de violencia. Con Torres, firmó acuerdos de integración en salud un mes atrás. 

Ziliotto gobierna una provincia que lleva cuarenta años ininterrumpidos de gestiones peronistas, con una economía ordenada, que se resiente por la ausencia arbitraria de la nación, pero mucho menos que otras. 

El estado provincial, a través de su banco y otros instrumentos, interviene en la economía para sostener el nivel de actividad y la calidad de vida. Lo prueba el hecho de que recibe migrantes internos, tanto de la vecina Mendoza como de Corrientes. Llegan por trabajos puntuales, en la construcción o el campo, y prefieren quedarse.

Esa solidez le permite al gobernador pampeano un importante margen de soberanía política. Fue el primero en anunciar que no se prestaría al pacto de mayo, apenas horas después de que el presidente lo anunciara desde la asamblea legislativa. 

Kicillof y Ziliotto tienen más cosas en común. Son dos de los que se atrevieron a presentar sendos reclamos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la administración central, Kicillof por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) y Ziliotto por las transferencias de ANSeS.

La buena relación entre los gobiernos pampeano y bonaerense contrasta con lo que ocurre entre La Pampa y su vecino del oeste, Mendoza. Las dos provincias arrastran un conflicto histórico por las aguas del río Atuel, cuyo curso Mendoza modificó a mediados del siglo pasado. 

A partir de esas obras, se dieron dos fenómenos paralelos: el florecimiento de las industrias vitivinícola y olivícola mendocinas y la desertificación y caída de los rindes en los campos del oeste pampeano. “Los ríos no son del que está aguas arriba, esa doctrina terminó hace muchas décadas”, explicó oportunamente el secretario de Recursos Hídricos pampeano, José Gobbi. Ahora, Mendoza fue intimada a cumplir un fallo de la corte de 2020 que obliga a garantizar un caudal mínimo de 3,2 litros por segundo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.