Para Llonto y Crous los legisladores podrían haber violado normas del Servicio Penitenciario Federal, poniendo en riesgo a visitantes y dando posibilidades de fuga. Al mismo, consideran que se cometió falsedad ideológica por ocultarle a por lo menos dos diputadas el motivo de la visita luego de que las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci aseguraran haber sido "engañadas" y no saber que iban a visitar a represores. Cabe aclarar que Arrieta es la misma que afirmó no saber quién es el reconocido genocida Alfredo Astiz. 

Llonto y Crous presentaron denuncias ante el juez del Tribunal Oral Federal 5 de Capital Federal, Daniel Obligado, para que se investiguen "de manera urgente" posibles delitos penales cometidos por quiénes organizaron la visita. Como ocurrió en el penal de Ezeiza, Obligado remitió la denuncia al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak

 Llonto y Crous, querellantes en decenas de causas de lesa humanidad, consideran que este engaño cometido por los organizadores de la visita, entre los que estaría el legislador Beltrán Benedit, no sólo es un delito de falsedad ideológica, sino también significa que no se cumplieron los requisitos exigidos para ingresar a la Unidad Penitenciaria. La responsabilidad de esto, implicaría a funcionarios penitenciarios ya que el artículo 8 del decreto 1136/97 que regula las visitas a presos, determina que éstas serán concedidas "previo pedido o conformidad del interno, quién podrá en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada".

Lo que deduce Llonto, es que si las diputadas Arrieta y Bonacci no sabían a quiénes iban a ver en el penal, no podían haber hecho el pedido correspondiente. "Ante la gravedad de los hechos (visitantes engañados y llevados a una visita que no pretendían), debe iniciarse una investigación por violación del Reglamento, lo cual de repetirse puede habilitar la posibilidad de riesgos para los visitantes, posibilidades de concretar fugas, y además deja al desnudo la poca seriedad en el cumplimiento de normas por parte del personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal (SPF), concretando un incumplimiento de las obligaciones del estado argentino, conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", denunció Llonto en su escrito presentado ante Obligado.

Mientras que para el fiscal Crous, esta visita podría ser una entre varias más con posibles irregularidades. "Estas hipótesis iniciales ameritan realizar una amplia y minuciosa pesquisa al respecto  para desentrañar los motivos y fines del encuentro con los condenados por tan graves crímenes, tanto como averiguar si existen otros casos como los reseñados", solicitó.