La Conadi ya no contará con su Unidad Especial de Investigación (UEI), por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años.

Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, a través del cual se creaba una UEI dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.

La Conadi recibe denuncias –que pueden provenir de Abuelas o de alguien que pueda aportar un dato para encontrar a las personas que se buscan– y presentaciones espontáneas de quienes tienen dudas sobre su origen biológico. Por ley, es el nexo con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El 90 por ciento de los casos que llegan al BNDG lo hacen desde la Conadi.

El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes. Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra, y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante.

 Abuelas de Plaza de Mayo denunció que se estaba preparando el vaciamiento del organismo. A los pocos días, corrieron a Claudia Carlotto de la dirección de la Conadi.

El decreto se publicó en el Boletín Oficial (BO) con las firmas de Javier Milei y Cúneo Libarona. El argumento para cerrar la UEI es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, ya que éstas deberían quedar en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF). “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024.

Nada explicó el Ministerio acerca de cómo hará con las investigaciones que estaban en marcha. Si se archivan de oficio, podría tener que dar explicaciones el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que es el máximo responsable de la Conadi.

“En estos 20 años de trabajo, la Conadi realizó centenares de denuncias basadas en el trabajo de la UEI y eso nunca fue cuestionado por ningún juez, ningún fiscal y ni siquiera por las defensas de los imputados. Por eso, es llamativo el argumento de que la tarea de la UEI afectaría la división de poderes cuando, en verdad, lo que hace es colaborar con el sistema de justicia para que pueda desempeñar mejor su tarea”, resaltó Parenti el fiscal a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)

Para la legisladora porteña Victoria Montenegro (UxP), una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas, la avanzada del gobierno contra Conadi tiene un fin claro. “Buscan preservar a los victimarios”, afirma. "Hay que reaccionar prontamente porque esto afecta la búsqueda de los nietos y a todo el proceso de verdad y justicia".

Guillermo Pérez Roisinblit, otro de los nietos encontrados por Abuelas, sostiene que se trata de un “gesto para los genocidas sin precedentes en 40 años de democracia”y resalta que no hubo otro intento de obstaculizar de este modo la búsqueda de los bebés apropiados. Resalta que incluso este delito no quedó contemplado en la Ley de Obediencia Debida.

Esta afrenta libertaria se dá en pleno escándalo por la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza, visita que no fue repudiada por la Casa Rosada ni por las autoridades del Congreso --como advirtió desde su cuenta de X el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.