“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, dice un comunicado difundido ayer.

“El sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, argumenta el comunicado publicado en la web del obispado. 

Días atrás, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de su vocero, el presbítero Máximo Jurcinovic, había expresado en un comunicado difundido en sus redes sociales que “lo actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.

De acuerdo a la palabra oficial de la Iglesia argentina, “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote. Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora”.

“La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ”La verdad los hará libres“ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, finaliza el comunicado.

En un mensaje que envió en un grupo de WhatsApp creado por él mismo con libertarios, abogados y jueces, Olivera Ravasi dijo ya tener el proyecto para liberar genocidas listo: “Buenas y santas, soy el padre Javier Olivera Ravasi. Algunos me conocen, otros no. Les mandó muy cortito este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor léanlo. Si Dios quiere en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último”.

EL PAPA

En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas al ex marino y otros represores presos, Jorge Bergoglio recibió en su residencia de Santa Marta a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino, una de las víctimas del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que fue infiltrado por Astiz en 1977. El miércoles pasado, el Papa había visitado a la sobrina de la monja francesa Léonie Duquet, otra de las personas secuestradas por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada gracias a la misión de Astiz como agente encubierto.

Durante el encuentro en El Vaticano, Bergoglio mandó un mensaje para el programa radial de la madre de Fernández, Ana María Careaga, quien también estuvo secuestrada mientras estaba embarazada de su hija: “No aflojen. Conserven la memoria de lo que han recibido. No sólo de las ideas sino también de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día”.

La reunión fue difundida por el Instituto Espacio para la Memoria, del que Careaga es ex directora, en un comunicado que refiere el diálogo entre Fernández y Bergoglio, aunque sin atribuirle citas textuales: “El Papa manifestó que se había enterado que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estén presos y que eso era algo muy peligroso”.

Lo cierto es que, en siete días, el Papa se reunió dos veces con familiares de víctimas de Astiz, el más famoso de los represores que recibieron la solidaridad oficialista. La semana pasada Bergoglio había interrumpido sus vacaciones para salir del Vaticano y visitar a Geneviève Jeanningros, quien vive en una caravana junto a un parque de diversiones en las afueras de Roma. Jeannigros es la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas –además de Alice Domon− que frecuentaban al grupo de la Santa Cruz, en el que Astiz se hizo pasar un por familiar de desaparecidos. 

Pocos días antes de que se conociera la visita libertaria a los represores, El Vaticano se había hecho eco de otra noticia sobre las investigaciones por crímenes de la dictadura. A través de Vatican News, informó sobre las conmemoraciones de la Iglesia argentina por el aniversario de la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, fallecido el 11 de julio de 1977 en un episodio que se presentó como un accidente de tránsito, pero que ahora se investiga como un asesinato planeado por las fuerzas armadas. Ponce de León fue uno de los pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que enfrentaron a los militares por las violaciones a los derechos humanos.

La Cámara de Casación confirmó en marzo la reapertura de la investigación sobre la muerte del obispo. En julio, la fiscalía de San Nicolás pidió la indagatoria de tres ex militares y dos civiles acusados por el asesinato. En el aniversario de la muerte de Ponce, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina circuló un comunicado a los obispos de todo el país en el que destacó que “puede iniciarse una investigación para llegar a dilucidar la muerte” y adjuntó la resolución de Casación, con deseos de que “la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido”. La Iglesia también homenajeó a Ponce de León con una misa en la Catedral por primera vez. “Vamos a pedir para que la Justicia llegue a un veredicto final”, dijo el provicario Joaquín Sucunza, quien fue segundo de Bergoglio en Buenos Aires durante veinte años.