Sobre la medianoche, el Gobierno informó mediante un comunicado que vetará la nueva fórmula de movilidad jubilatoria porque el proyecto “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”, denunciando además “un acto de populismo demagógico” del Congreso. El Gobierno enfrenta así el costo político de una decisión profundamente impopular, que puede ser rápidamente revertida en el Parlamento.

Milei ya había anunciado hace más de dos meses que iba a producir el veto. “El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, se justificó en el texto oficial de Presidencia. Y acusó al Congreso de cometer “un acto de populismo demagógico”, “sancionar un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respondió al resultado en el Senado con una línea en su cuenta de X. “El equilibrio fiscal es innegociable”, escribió. El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo lo propio. Solo agregó su marca: “Fin”.

El Presidente deberá efectivamente pagar el costo político. Al vetar la ley sancionada el Congreso tiene que insistir con una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Ante un “segundo intento” del Parlamento, Milei se queda sin más remedio que acatar. Será todo costo político: ir contra quienes están pagando el ajuste de la administración libertaria que dice que “no hay plata” pero destina 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), enfrentarse al Congreso y sufrir una nueva derrota.

Fiel al estilo comunicacional del Gobierno de Milei, acusaron a la política de querer "forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable".

Luego, calificaron al proyecto de movilidad jubilatoria sancionado por el Congreso "con la anuencia de todos los partidos políticos" como "una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal". Y adelantaron: "Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este pais de la decadencia en la que nos han sumergido".

"Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno, Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal", concluyeron en el comunicado.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 23, 2024

La medida aprobada ayer con 61 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención, dispone un cambio en la fórmula y determina el pago de un ingreso extra de un 8,1% a los jubilados