

La secretaria de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva, frente a la violenta agresión de la Policía Federal a una niña de 10 años y su madre sobre las que arrojaron gas pimienta a quemarropa acusó en diferentes medios de comunicación nacional a “infiltrados” vinculados con socorristas y defensores de derechos humanos, intentando encubrir la responsabilidad de sus agentes.
Apelando a la narrativa de la dictadura para sostener las violaciones de derechos humanos la funcionaria también elude la responsabilidad del cargo que ostenta
La cruenta represión en el marco de la protesta por el veto a la ley de movilidad jubilatoria tuvo como saldo alrededor de 50 heridos por gases, balas de goma y golpes, entre ellas la niña de 10 años que pasaba casualmente con su madre por el lugar y fue rociada a quemarropa por el gas pimienta que arrojaron agentes de la Policía Federal argentina.
La propia ministra de Seguridad, pocas horas después del hecho, responsabilizó a la madre por lo ocurrido. Luego en el prime time de la televisión, la secretaria de seguridad, Alejandra Monteoliva, montó una operación mediática con imágenes falsas intentando construir una versión del hecho que sindicaba como responsable a “una mujer vestida de naranja”, que pertenecería a un grupo de rescatistas que ya habría sido identificados en varias marchas vinculados con los derechos humanos. Estos grupos estarían “infiltrados” por personas que buscan provocar el caos. “En el caso de la nena, las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de la policía en ese momento. Envidentemente, fue un gas que arrojaron estas personas que estaban en proximidad a ella. Específicamente, vestidos de naranja. Es una mujer, todavía no está identificada”, afirmó anoche Monteoliva, número dos de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, en el canal TN. Negó en más de una oportunidad que un efectivo de seguridad estuviera involucrado.
Ante la aparición del real y legítimo video, la situación desencadenó en escándalo y hasta en los medios porteños aliados al Gobierno nacional pidieron la renuncia de Bullrich. "Lo quiero afuera al jefe de la Policía Federal y espero que el presidente también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra y que vuele por los aires el vocero del ministerio. No van a enchastrar ni a mi, ni a mi equipo ni a este canal, no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa de fake news", remarcó el periodista Eduardo Feimann en LN+.
"Son unos mentirosos, unos crápulas. No se juega con nosotros ni tampoco con la niña, porque terminó siendo atacada por la propia policía. Todos se tienen que ir, tienen que renunciar ya", añadió.
"Pero lo que se aprecia con claridad es que, inmediatamente después del polvo rojizo, la Policía Federal avanza sobre los manifestantes: la primera línea con escudos y la segunda con los aerosoles de gas pimienta. Y que uno de los uniformados, de pie junto a la madre y la hija sentadas en el asfalto, decide apuntar hacia abajo y, a escasos centímetros, lanza una descarga continua sobre las cabezas de las mujeres. No solo eso, mueve el aerosol de arriba a abajo, y viceversa, varias veces, con lo cual la descarga impregna rostros, sienes y nucas de la madre y la hija. Luego, vuelve a apuntar hacia arriba el aerosol, para dirigir el spray hacia los manifestantes", describió el medio.
La operación mediática y la falsa versión del Ministerio de Seguridad -reproducida y amplificada desde distintos medios- se desarma con las imágenes contundentes que registraron el hecho que se produjo ante la presencia de una de las autoridades máximas del operativo.
Es de extrema gravedad que el Ministerio de Seguridad monte estas operaciones, obstruya a la justicia y acuse falsamente a supuestos “infiltrados” de organizaciones de derechos humanos para garantizar la impunidad de quienes ejercen bajo sus órdenes una represión violenta, desproporcionada y arbitraria que sólo busca impedir el libre ejercicio de la protesta y justificar la represión.
Este hecho exige una investigación de la justicia para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables directos y mediatos.