Así lo afirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “no es ley el desvío a la venta ilegal (…). Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC —la sustancia que te cambia la neurología— que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Es como una soja transgénica (sic)”.

“Hemos tenido un problema muy serio –acotó la funcionaria, ex macrista– Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Y atacó también al uso del cannabis medicinal, cuando sostuvo que bajo la gestión de Alberto Fernández, “se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana. Más otros 30 mil que podían sembrar para venderle remedios a otros, remedios que no están avalados por el ANMAC, remedios que no necesariamente, que son muchas veces caseros”.

El REPROCANN, que nació en 2021, es el Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y Terapéuticos. Su principal objetivo es permitir a los pacientes autorizados cultivar cannabis bajo un control riguroso para tratar enfermedades específicas. De acuerdo con la ley, los cultivadores pueden sembrar entre una y nueve plantas y transportar hasta 40 gramos de flores secas. Sin embargo, la medida ahora implementada por el Gobierno pretende revisar todos los permisos previos.

La decisión es el corolario de ataques anteriores del Gobierno hacia el sector cannábico. Ya en abril, el vocero Manuel Adorni justificaba el recorte de unos 140 mil millones de pesos y adelantaba: “se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como REPROCANN, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”.

“Primero, el REPROCANN no es un registro de productores sino de pacientes; y segundo, sobra la evidencia científica. Basta escarbar un poquito”, manifestó en ese momento a Tiempo el abogado Juan Palomino, especializado en derecho cannábico.

La Sociedad Argentina de Endocannabinología y Terapéutica Cannábica, integrada por profesionales y especialistas en el uso terapéutico de la planta, denunció que el gobierno «desconoce el alcance real» del cannabis medicinal en la medicina actual que “viene a desafiar el quehacer médico convencional siendo, en la mayoría de los casos, los mismos pacientes quienes concurren con la terapéutica instaurada en busca de acompañamiento y validación del uso de la planta para paliar sus dolencias”.

Salud, industria y regulación

Basalo destacó que el REPROCANN casi no representa un costo económico para el Estado: «vino funcionando muy bien estos años y de él depende la salud y la calidad de vida de casi 300 mil personas que ya se inscribieron y otras cientos de miles que están esperando”. Las leyes 27.350 y 27.669 no solo “blanquearon” una situación cotidiana para los usuarios, sino que también amplían la aplicación de la planta, extendiendo su uso para la construcción, los textiles, la celulosa y productos de consumo humano como los comestibles.

En esa visión conservadora contra el cannabis, el gobierno atenta contra la generación de divisas de una industria en alza, que podría ayudar a paliar el déficit, una bandera mileísta. Lo ideológico prima por sobre lo económico y la salud. “Se trata de una industria regulada porque es una excepción a la Ley de estupefacciones y las autoridades son federales porque se trata de un delito penal bajo su competencia, que está regulada en Argentina y en el mundo”, explicó Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) y director de Pampa Hemp, firma pionera en obtener como emprendimiento privado la autorización del Ministerio de Salud para desarrollar un cultivo con fines productivos y de investigación.

Miles de pacientes que esperan

El abogado Juan Palomino, especialista en derecho cannábico y fundador del Estudio420, denunció que “el Ministerio de Salud no sólo no aprueba a los más de 130 mil pacientes que están esperando, sino que a pacientes que ya fueron aprobados les están cambiando el estado nuevamente a pendiente”.

Y criticó la resolución de la cartera que hoy conduce Mario Lugones que les exige a los médicos contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la planta: “los profesionales de la salud no tienen ni donde cargar esa información. Esta situación es insostenible, se avasallan derechos adquiridos. Es gravísimo”.

Sinagra resumió: “frente a esta situación donde las personas quedan a merced de la Ley de Drogas, generamos esta estrategia para atender la desmovilización generalizada fomentada por la represión del gobierno y para contrastar el ataque a la ampliación de cualquier tipo de derechos”.