

En Argentina, más de 7.000 personas aguardan en lista de espera para recibir un trasplante. Cada cifra implica una historia, una familia y un individuo que depende de un gesto generoso para seguir adelante: una donación que ofrezca la oportunidad de vivir, abrazar, trabajar y soñar. A pesar de los avances médicos que facilitan estos procedimientos, sin donantes no se generarían trasplantes.
Durante 2024, Argentina ejecutó 4.263 trasplantes de órganos y córneas, de los cuales 2.156 fueron trasplantes de órganos y 2.107 de córneas. También se realizaron 1.307 trasplantes de médula ósea, con 308 casos en pacientes pediátricos. Entre los trasplantes de órganos, se reportaron 1.515 trasplantes renales y 462 hepáticos.
Neuquén se destacó como la provincia con la mayor tasa de donantes, alcanzando 41.6 donantes por millón de habitantes gracias a 1.972 procesos de donación, lo que elevó la tasa general a un promedio de 17.7 donantes de órganos por millón.
La Ley 27.447, conocida como Ley Justina, fue aprobada en julio de 2018. Esta legislación alteró el paradigma de la donación en el país, estableciendo que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos y tejidos a menos que se exprese lo contrario.
Desde su implementación, los trasplantes incrementaron significativamente, dando nuevas oportunidades de vida a miles..
La ley establece el principio de donante presunto, aunque es posible manifestar la decisión de donar por diversos medios: firmando un acta en INCUCAI o en organismos provinciales, enviando un telegrama gratuito, utilizando la app Mi Argentina o indicándolo al gestionar el DNI. Además, es esencial comunicar la decisión a familiares cercanos para que estén enterados del deseo.
En el caso de los menores de 18 años, la donación de órganos y tejidos requiere autorización de sus progenitores o representantes legales. Desde 2018, la decisión de uno de los padres es suficiente si está presente, simplificando procesos que antes exigían el consentimiento de ambos.
Si existe desacuerdo entre los progenitores, la donación no se concreta. Ante la ausencia de ambos tutores, el Ministerio Pupilar interviene para autorizar la ablación de órganos con fines de trasplante. La ley también eliminó la necesidad de intervención judicial para autorizar la donación, excepto en casos con causas penales, estableciendo plazos específicos para evitar demoras que antes obstaculizaban el proceso.