La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición y organizaciones sociales, apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos.

El Poder Ejecutivo manifestó su rechazo a la propuesta, a la que calificó de “regresiva y asistencialista”.

 El proyecto de emergencia en discapacidad aprobado por diputados establece

• Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
• Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
• Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
• Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
• Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
• Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
• Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
• Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

“Esta ley tiene un impacto fiscal bajo y cuenta con el apoyo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y parte del radicalismo. Lo racional sería que se apruebe y que el gobierno no lo vete”, dijo a Chequeado el diputado y autor del proyecto de ley, Daniel Arroyo.

En caso de ser aprobada, la ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 días de su sanción.