

La decisión del juez de no tomar su licencia la semana próxima se tomó durante la mañana de este viernes.
De ese modo, Gorini vuelve a tener en sus manos la definición respecto del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la expresidenta. Se disiparon así las dudas que habían surgido temprano, cuando se supo que si el titular del TOF se iba, quedarían a cargo de esa definición los otros miembros del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Las lecturas especulaban con la posibilidad de que esos dos magistrados rechacen -al menos en primera instancia- el pedido para que Cristina quede detenida en su casa de la calle San José.
Entre los motivos para sostener esas sospechas, mencionaban el hecho de que Giménez Uriburu fue recusado por la defensa de Cristina en agosto del 2022, luego de que se conocieran sus fotos con camiseta del club Liverpool en ocasión de un torneo de fútbol que se realizaba en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Esa recusación fue rechazada en su momento y el magistrado apareció una mañana en el Zoom donde se llevaban a cabo las audiencias del juicio tomando de un mate con el escudo del Liverpool.
Por el lado de Basso, lo primero que se tuvo en cuenta fue su postura a favor de endurecer todavía más la condena contra la expresidenta. El magistrado fue quien firmó un voto en disidencia para que también se la condene por asociación ilícita, una figura que duplicaría la condena hasta los 12 años de prisión junto, claro está, con la prohibición para ejercer cargos públicos.
Esta línea «dura» es la que también representó el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa, sostenida por Luciani, por el fiscal Mario Villar en Casación y por el procurador Eduardo Casal al dictaminar frente al pedido de la Corte. De hecho, en esa línea es que el primero de los mencionados antes viene de pedir que Cristina sea detenida de inmediato.
Los oficiales de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que llevaron a cabo el análisis concluyeron que están dadas las condiciones de seguridad para que la expresidenta cumpla allí con su detención.
La decisión final quedará para la semana que viene, y el fiscal Diego Luciani tiene plazo hasta el martes para firmar su dictamen.