La joven, de 29 años, recibió la máxima pena luego de que el jurado popular votara por amplia mayoría, tras diez horas de deliberación, mientras que Diego Cardozo, exministro de Salud de la provincia, fue absuelto, aunque sin el voto mayoritario de los integrantes del jurado.

Con respecto a los otros involucrados en el caso, que conmovió a la opinión pública cordobesa, también fueron condenados Liliana Asís (5 años y 4 meses); Alejandro Escudero Salama (5 años y 4 meses); Marta Gómez (5 años) y Luisa Moralez, (5 años en suspenso) y Pablo Carvajal (4 años en suspenso), mientras que fueron absueltos la médica María Alejandra Luján, la enfermera Alicia Ariza y el exsecretario de Legales, Alejandro Gauto.

Luego de una extensa deliberación, el jurado finalmente halló culpable a Agüero, la enfermera acusada de haberle inyectado potasio a cinco bebés recién nacidos, y de haber lesionado a otros trece recién nacidos.

A lo largo del proceso judicial, que se extendió por seis meses en los Tribunales II de esta ciudad, Agüero siempre proclamó su inocencia e incluso sostuvo que era víctima de "una causa mediática" por parte de los medios de comunicación.

LOS HECHOS

Entre marzo y junio de 2022 murieron cinco bebés y otros treces resultaron con heridas diversas, lo que dio origen a un investigación judicial, ante la cantidad de recién nacidos fallecidos en ese corto lapso. Y lo que en un principio parecía un caso de presunta negligencia tuvo otras derivaciones, cuando el Ministerio de Salud de la provincia detectó ese patrón alarmante.

De acuerdo con las autopsias y otros estudios preliminares había indicios de una acción deliberada, ya que se encontraron sustancias no aptas en los cuerpos de las víctimas.

En consecuencia, la justicia provincial dispuso una exhaustiva investigación en la sala neonatal del nosocomio, tras la cual Agüero apareció como la principal responsable, pero no la única, ya que también estaban involucrados médicos, otras enfermeras y personal administrativo.

Entre los acusados estaba el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, señalado por presuntas irregularidades en la supervisión del hospital durante su gestión. De todas maneras, renunció a su cargo luego de revelarse lo sucedido en el Neonatal.

Los ataques seriales se desarrollaron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022

El denunciante fue el ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica de guardia, quien decidió presentarse en los tribunales luego de escuchar de su pareja todo lo que estaba pasando.

En el primer día de la cronología hubo dos ataques: V.U.M., una sobreviviente, y Francisco Calderón Cáceres, que murió 11 horas después de su nacimiento.

Aunque a él no le hicieron autopsia, los estudios de laboratorio que le practicaron mientras intentaron salvarle la vida detectaron que tenía niveles algo elevados de potasio en sangre. También encontraron una mancha de sangre en su ropa. Son dos datos que por entonces, en medio del dolor de su familia, no decían mucho. Cobraron relevancia meses después, cuando las muertes y descompensaciones científicamente inexplicables no dejaban de suceder.

Entre los 13 casos que se analizaron en juicio -solo las últimas dos víctimas fatales tuvieron autopsia- hubo varios con uno o más pinchazos sobre su piel, en zonas del cuerpo donde no se realizan inoculaciones. Varios tenían niveles de potasio y/o insulina en sangre incompatibles con la vida, y solo explicables por una inoculación externa. Es decir, no hay manera posible de que el cuerpo haya “fabricado” ese exceso.

Al comenzar el juicio, los fiscales sostuvieron que Brenda Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los bebés para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeros para que la “ascendieran” de Obstetricia a Neonatología.

Agüero tenía asignado el cuidado de las madres y no le correspondía estar en contacto con los bebés. Según se corroboró, ella es la única persona que estuvo presente en todos los episodios.

Según determinó el fiscal Raúl Garzón en su investigación, la enfermera obtenía dosis de potasio e insulina de los “carros de paro”, que prácticamente no tenían control de inventario. Inyectaba a los recién nacidos de forma errática, en lugares aleatorios, algo que la acusación encontró compatible con un acto ilícito que se cometía a escondidas y fugazmente.

El 6 de junio recayeron cuatro bebés en cuestión de horas. Los médicos que declararon en el juicio llegaron a un consenso unánime: ninguno vio más de una descompensación o muerte súbita en recién nacidos en un mismo día. Mucho menos cuatro episodios casi en paralelo.