

Se aprobó la ley el aumento jubilatorio, el incremento del bono y la extensión de la moratoria
El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que aumenta las jubilaciones un 7,2 % y eleva el bono de 70.000 a 110.000 pesos que perciben con el haber mínimo.
La iniciativa fue sancionada por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, en el marco de una sesión cargada de tensión. Los votos positivos fueron aportados por senadores peronistas, radicales y de fuerzas provinciales, en una sesión adversa para el gobierno de Javier Milei, quien ya adelantó que vetará la ley.
La votación se hizo en forma manual por la caída del sistema electrónico momentos antes de que los senadores deban votar, por lo que cada legislador debió dar su voto a viva voz.
La sesión fue tensa desde su inicio, a las 14 horas, cuando la oposición consiguió quórum y logró la aprobación de la validez de la convocatoria a la sesión. Horas después el pleno de la Cámara aprobó la primera de las discusiones incómodas para el gobierno nacional que el Ejecutivo Nacional combatió e intentó frenar a toda costa.
Uno de los datos de la sesión fue la decisión del senador del PRO, Luis Juez, quien votó a favor el proyecto que aumenta las jubilaciones, en disidencia con la mayoría de su bancada, que decidió ausentarse.
La Libertad Avanza, el PRO y algunos legisladores provinciales se ausentaron bajo el argumento de negarse a reconocer la validez de la sesión.
El proyecto había sido aprobado con amplitud en Diputados el 4 de junio pasado cuando tuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones.
La norma prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario, que desde hace más de un año está congelado en 70 mil pesos, a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad. También establece la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.
El Senado convirtió en ley esta tarde el proyecto que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, a fin de garantizar la actualización de las prestaciones.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos que fueron aportados por los senadores peronistas, radicales, provinciales, y los legisladores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez.
“Los hijos con discapacidad son invisibles para la sociedad, que parece observar sin realmente ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben, señalando la necesidad de prestarles verdadera atención y apoyo”, destacó Juez, cuya hija Milagros tiene parálisis cerebral. Señaló que hace “25 años” que vive con una persona con discapacidad y relató las serias dificultades para acceder a los tratamientos, aun con una prepaga.
El proyecto votado recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Los bloques de la oposición rechazaron esta tarde el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Las bancadas lograron eludir el veto presidencial con 51 votos afirmativos.
Milei había vetado la ley mediante un decreto publicado en Boletín Oficial el 24 de junio pasado, asegurando que el Gobierno ya había destinado a la ciudad devastada por un temporal los 200.000 millones de pesos que estipula la norma votada por el Congreso.
En marzo, la cámara de Diputados había aprobado con 230 votos positivos la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional por 90 días en Bahía Blanca y localidades cercanas. En los discursos, los legisladores le pidieron al presidente de la Nación Javier Milei que atienda la obra pública en las provincias.
La iniciativa propone instar al Poder Ejecutivo Nacional de destinar una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas, sanitarias, educativas y sociales. Mencionan que esas acciones sean coordinadas con la Provincia de Buenos Aires y la Intendencia de Bahía Blanca.
También solicita la suspensión por 90 días de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras inmediatas.
Por último, faculta al Poder Ejecutivo Nacional de implementar, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), regímenes especiales de pago y medidas impositivas que incluyan la prórroga de vencimientos y exenciones impositivas, en forma extraordinaria y por única vez, en las zonas afectadas, conforme la gravedad de los daños causados por el evento y su duración.