La decisión judicial responde al pedido de la defensa de Fernández, quien solicitó que le quitaran el accesorio ya que por su condición de expresidenta cuenta con custodia obligatoria permanente.

Así, los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificaron las condiciones de detención de la también presidenta del Partido Justicialista en el domicilio fijado: debe llevar tobillera electrónica y respetar el actual régimen de visitas limitado.

Los magistrados también analizaron el pedido del Ministerio Público Fiscal para que Cristina cumpla la prisión domiciliaria en otra locación. Los tres jueces estuvieron de acuerdo en forma unánime en ese punto: el lugar de arresto continuará siendo en el departamento de San José 1111. No obstante, la discusión sobre la modalidad de cumplimiento de condena – cárcel común o prisión domiciliaria – o el domicilio fijado podría revisarse si no se cumplen las condiciones impuestas y las “circunstancias fácticas”.  

Sobre la tobillera, Hornos y Barrotaveña expresaron que la presencia de una custodia policial “no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial”, por lo que “renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”.

Por su parte, Borinsky pidió que se deje sin efecto la colocación del dispositivo, ya que la “custodia permanente y especializada” de la policía “garantiza un control suficiente sobre su situación”. Además, señaló que “no existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga, en tanto se trata de una figura pública ampliamente conocida, sometida a una exposición constante que hace inviable cualquier intento de evasión”. Borinsky también votó por liberar la limitación del ingreso al departamento de la exmandataria, pues la exigencia de autorización judicial previa “configura una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada”.  

 Los camaristas Hornos y Barroetaveña sostuvieron la  necesidad de que las visitas estén restringidas.