“Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, anunció la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI), al convocar a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad, en repudio al veto de Javier Milei a la medida votada en el Congreso. El paro y movilización de prestadores previsto para plazas de distintos puntos del país durante este martes coindice con otras iniciativas y expresiones de rechazo de organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y familiares. Todas las voces apuntan contra la crueldad del veto presidencial

“Un veto total no es austeridad: es abandono y exclusión”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que llamó a movilizar este martes a las 11.30 desde Congreso. “El presidente está desoyendo una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoce la gravedad de la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad. Gobernar es asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.

Desde el Foro remarcaron los motivos por los que es “urgente” esta ley de declaración de emergencia vetada por Milei: “hay personas que trabajan en talleres protegidos y sobreviven con apenas $28.000 mensuales; muchas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos y apoyos básicos; prestaciones y servicios están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos y muchos prestadores están al borde del cierre”.

No al veto

“La Ley de Emergencia tiene dos aspectos muy importantes, que mejoran la situación actual de la población con discapacidad. Exigimos al Congreso de la Nación que anule el Decreto 534/25 que veta la Ley de Emergencia sancionada por amplia mayoría de ambas Cámaras”, reclamó la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Esos dos aspectos clave tienen que ver con que actualmente, para acceder a una pensión por discapacidad, una persona debe demostrar que tiene una incapacidad total para trabajar. En cambio, “con la Ley de Emergencia, toda persona con discapacidad que cuente con CUD, y que esté en situación de vulnerabilidad social podrá acceder a la pensión. La nueva Pensión será compatible con el empleo formal, para aquellas personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos. No se trata de pensiones millonarias. Una pensión en la actualidad es de $217 mil mensuales, equivalente al 70% de la jubilación mínima, y quien la cobra además recibe acceso a cobertura de salud. Con la Ley de Emergencia, el monto de las pensiones no cambia. El impacto presupuestario es de apenas el 0,22% del PIB”.

El otro motivo destacado por REDI tiene que ver con mejorar los ingresos de los prestadores de servicios, hoy en una situación límite. “Quienes prestan servicios de rehabilitación, así como los hogares y centros de día, reciben un arancel que deben pagar las obras sociales. Ese arancel lo fija el Directorio de Prestaciones Básicas, pero no existen fechas fijas de actualización. La Ley de Emergencia otorga a los prestadores un aumento extraordinario, para recomponer los ingresos que perdieron desde 2024: el costo fiscal es de apenas 0,03% del PIB”. Para graficar la gravedad de la situación alcanza con un dato: hoy, una/o maestra/o de apoyo cobra $3.000 la hora a 180 días. Esta es la postal que se perpetúa con el veto.

“La Emergencia en discapacidad es una necesidad que no puede esperar. Si el Congreso Nacional acepta el veto es por desconocimiento y falta de empatía hacia un segmento de la población de los más vulnerables, al que eligen darle la espalda, y preferirían que no exista en la sociedad, ni en sus entornos familiares”, lamentó REDI.

Desde Discas en Lucha, en tanto, llaman a sumarse a la movilización del miércoles a las 15, para acompañar el reclamos de las y los jubilados y llevar también allí el rechazo al veto mileísta.

“Estamos en franca agonía. Los prestadores se propusieron llegar a fin de año. De ahí en más no se puede garantizar que siga existiendo un sector que viene a garantizar derechos básicos como rehabilitación, educación y espacios de socialización”, advirtió sobre el panorama que se vive en el sector, donde los cierres y pérdidas de empleos implican al mismo tiempo que personas con discapacidad vean interrumpidos sus tratamientos y terapias. Un combo de retrocesos y pérdida de derechos.