

El Gobierno nacional pidió a la Justicia federal los allanamientos del medio y de los periodistas que dieron a conocer los audios del escándalo por el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos en el área de Discapacidad y también de la secretaria y hermana del presidente, Karina Milei.
Las medidas requeridas al juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, entran en colisión con el derecho a la información y a la libertad de prensa. Fue realizada por Fernando Soto, abogado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El letrado requirió los "allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de 'Carnaval Stream'", un medio de comunicación vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). También de los domicilios del propio Toviggino, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, dueño del portal de noticias Data Clave.
Otro de los apuntados es el empresario de medios Franco Bindi, a quien en Casa Rosada señalan por estar detrás de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo.
El pedido fue incluido en otra demanda que el Gobierno ya logró: que el juez Maraniello frenara la difusión de audios de Karina Milei, vinculada en la denuncia por cobro de coimas en la compra de medicamentos.
Para el Ejecutivo, se trata de una "operación de inteligencia ilegal" en la que aseguran que la finalidad era "desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera".
En el escrito describieron que "la maniobra consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó la difusión de audios por el supuesto cobro de coimas en el Gobierno y de Karina Milei con “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".
En diálogo con el programa "Pan y Circo" de Radio Rivadavia, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble" que pone al país en una "situación de indefensión". Bullrich afirmó que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a "trabajar a fondo" para esclarecerla.
La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación "en pedacitos, como si fuese una serie".
"No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", manifestó.
Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono".