La decisión se dio a conocer a través del decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se detalló que la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad "queda suspendida en su ejecución", por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24.629, hasta que el Congreso "determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé".

En sus considerandos, el Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Congreso el 15 de septiembre y señaló que "es en el marco de la aprobación del Presupuesto" en donde "se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas". 

Por ello, remarcó que "corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria, garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas".

La Emergencia en Discapacidad había sido vetada en agosto, pero el Congreso logró revertirlo con dos tercios en Diputados y en el Senado, tras lo cual fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

El Gobierno reasigna fondos de la  ANDIS 

Por otra parte, en la Decisión Administrativa 24/2025 -también publicada en el Boletín- el Gobierno reasignó partidas para reforzar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el 1° de octubre, con el objetivo de actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901).

Según se detalla, el presupuesto de la agencia se incrementa en $121.363.881.238, que se financia con una reducción equivalente a los créditos asignados previamente a “obligaciones a cargo del tesoro”.