La acción legal se desencadena tras las afirmaciones de Milei realizadas este domingo por la noche durante una entrevista concedida al periodista Luis Majul, en el canal La Nación +, en las que el mandatario se atribuyó la decisión de encarcelar a la líder opositora. Dalbón fundamenta la denuncia en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona con prisión e inhabilitación a los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes. El letrado argumenta que, al proclamarse autor de una decisión que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial, el presidente no solo habría cometido un delito, sino que habría develado la naturaleza política de la condena contra Kirchner.

Para Dalbón, esta admisión pública es la prueba de que en Argentina se ejecutó una estrategia de «lawfare» o guerra judicial. Esta práctica, que consiste en utilizar el sistema legal con fines de persecución política, habría contado con la anuencia del propio Milei, según él mismo admitió este domingo. La confesión del mandatario, por tanto, no sería solo la base para un proceso penal en su contra, sino también un argumento fundamental para buscar la anulación de la sentencia que condenó a la vicepresidenta, al demostrar que su proceso estuvo viciado de ilegitimidad desde su origen.

 La querella de Dalbón trasciende el caso particular y se plantea como una defensa del estado de derecho y el principio de división de poderes, amenazados por un presidente que, según la acusación, se coloca por encima de los jueces.