La presentación judicial se basa en documentación de la Justicia de Estados Unidos. Dicha documentación confirmaría transferencias millonarias desde cuentas asociadas al empresario detenido por narcotráfico, Fred Machado, hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal.

Las operaciones, incorporadas a una causa por lavado de activos de cocaína en Texas, revelan además que Bada Vázquez aportó luego $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023. Esto refuerza la sospecha de una triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina.

El escrito también busca desarmar la imagen de «víctima de bloqueos sindicales» que el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), referenciado en Florencia Arietto (senadora bonaerense) y vinculado a Bullrich, intentó instalar. Recuerdan que la firma acumula denuncias por despidos persecutorios, fraude laboral, incumplimiento de fallos judiciales y hasta amenazas con armas de fuego contra sus trabajadores.

Se recuerda que durante la pandemia, la empresa obligó a empleados a trabajar sin medidas de seguridad, provocando la muerte de un obrero por COVID-19. Las imágenes de Bada Vázquez increpando a sus trabajadores con un arma recorrieron el país.

El Dr. Julián Martín Coronel, abogado de los trabajadores, advirtió que permitir el levantamiento de medidas cautelares sobre la empresa «implica facilitar maniobras ilícitas vinculadas al narcotráfico».

Por ello, el escrito solicita a la Cámara Federal que detenga las escisiones societarias de la empresa, revoque el levantamiento de cautelares, investigue a fondo los vínculos con el narcotráfico y garantice el crédito laboral de los trabajadores, evitando el vaciamiento.

La presentación concluye que «la Cámara tiene la obligación institucional y moral de frenar estas maniobras», ya que avalarlas «significaría dejar la puerta abierta a un sistema donde el narcotráfico financia empresas y campañas políticas con total impunidad, mientras se vulneran los derechos de los trabajadores”.