Tomada alertó que la propuesta podría profundizar la informalidad en un país. También enfatizó que la CGT “acaba de sacar una declaración de que no va a negociar ningún tipo de reforma laboral ni la va a aceptar tampoco con quita de derechos”.

El especialista en derecho laboral cuestionó la naturalización del concepto de reforma laboral y sostuvo que este tipo de iniciativas “no resuelve ninguno de los graves problemas que tiene Argentina”, sino que buscan “incrementar el beneficio de las empresas a costa de los derechos de los empleados”.

Tomada alertó que la propuesta podría profundizar la informalidad en un país donde “casi el 50% de los trabajadores son informales”, y denunció que se intenta “formalizar la informalidad” al legalizar situaciones que antes eran consideradas fraude. “Si vas a reclamar a un juez, te dicen que tenés un contrato permitido por la ley”, ejemplificó, en diálogo con Splendid AM 990,  en referencia a figuras como el contrato de locación de obra o servicios.

También refutó el argumento de que las indemnizaciones obstaculizan el empleo, recordando que “con la doble indemnización se duplicó la cantidad de empleo privado registrado”. En ese sentido, desestimó la existencia de una “industria del juicio” y citó que, en la provincia de Buenos Aires, “solamente el 5% de los 1,5 millones de trabajadores hicieron algún juicio”.

Por otra parte, el exfuncionario rechazó la idea de que “nadie hizo nada” por el trabajo registrado y aseguró que esa afirmación es “falsa”. Detalló que entre 2003 y 2015 el empleo no registrado “bajó al 32%, 18 puntos”, gracias a políticas que incluyeron una “fuerte presencia” de la inspección laboral. “Si no hay temor al riesgo, los empresarios hacen lo que quieren”, remarcó.

Según Tomada, la motivación real detrás de las reformas es “recuperar la tasa de ganancia”, lo que implica avanzar “sobre la masa salarial”. Frente a esto, propuso impulsar políticas laborales que promuevan “un trabajo más humano” y que trasciendan el marco legal.

Entre sus propuestas, destacó la necesidad de retomar un “modelo productivo basado en la industria”, aplicar “mano dura en la evasión” y en el incumplimiento de las leyes laborales y tributarias, y establecer un sistema de contribuciones donde la microempresa “prácticamente no pague contribuciones”.

También planteó prohibir que el Estado contrate monotributistas y retomar una política de mejora salarial mediante el aumento del salario mínimo y la “libre negociación colectiva”. Finalmente, recordó que la CGT “acaba de sacar una declaración de que no va a negociar ningún tipo de reforma laboral ni la va a aceptar tampoco con quita de derechos”.