La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cerró el domingo una reunión de urgencia sin consenso luego de que un grupo de países encabezado por Argentina bloqueara una declaración conjunta de condena a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, frustrando el intento de fijar una posición regional unificada frente a un hecho de gravedad diplomática. 

El encuentro se realizó por videoconferencia y fue convocado por el presidente colombiano Gustavo Petro, en su carácter de titular pro tempore del organismo, con el objetivo de cuestionar la operación ordenada por Donald Trump para detener al jefe del régimen venezolano y ponerlo a disposición de la Justicia estadounidense por cargos vinculados al narcotráfico transnacional.

Si bien la iniciativa contó con el respaldo explícito de Colombia, Brasil y México, entre otros, la propuesta naufragó ante la negativa de Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago, un bloque que objetó cualquier pronunciamiento que implicara una defensa indirecta del chavismo o una condena a Washington.

Según fuentes diplomáticas, el canciller argentino Pablo Quirno tuvo un papel central en la articulación de esa postura, que se tradujo también en el envío de delegaciones de bajo rango a la reunión, mientras desde Buenos Aires se comenzó a trabajar en un texto alternativo para respaldar la actuación de Estados Unidos y presentar la detención de Maduro como un quiebre frente a un régimen cuestionado por organismos internacionales.

La falta de acuerdo dejó al descubierto una fractura profunda dentro de la CELAC, que volvió a evidenciar sus límites para actuar de manera coordinada ante crisis regionales, incluso cuando están en juego definiciones sobre soberanía, derechos humanos y seguridad continental, un escenario que se repite en otros foros como el Mercosur.

Durante la cumbre, representantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia reclamaron una condena firme y advirtieron sobre las consecuencias de la incursión militar, mientras desde el bloque disidente se insistió en subrayar la falta de legitimidad del gobierno venezolano y el agravamiento de la crisis humanitaria en la última década, un contrapunto que terminó sellando una vez más la parálisis del organismo.