El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 ordenó el embargo e inhibición de bienes contra exautoridades del Banco Nación que ejercieron funciones durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga a la cerealera Vicentin por un presunto fraude millonario al Estado. Entre los imputados se encuentran el expresidente de la entidad, Javier González Fraga, su exvicepresidente, Lucas Llach, además de otros 18 exdirectivos y de los empresarios responsables de la empresa.

Según la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión. También será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”, conforme a la información difundida en las últimas horas.

La acusación señala que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 –según reclamara el banco en el concurso preventivo de la primera firma señalada–, que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

Para concretar esa maniobra, “los funcionarios, apartándose de la normativa que regula su actividad, habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones”, añade el fallo.

El fallo también afirma que la operatoria “implicó la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos, y por las que entre agosto y diciembre de 2019 circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902 respectivamente”.

Según definió la Justicia, “la actuación coordinada entre funcionarios del BNA y empresarios, al haber perjudicado patrimonialmente al banco mediante el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.

La resolución judicial agrega que “ello ocurrió sin considerar que el grupo ya registraba, al 7 de noviembre de 2019, una deuda vencida y exigible de USD 149.500.000, que superaba los límites normativos y que, además, carecía de calificación crediticia actualizada, así como de la autorización y garantías necesarias para acceder a nuevos créditos”.

En ese marco, la resolución acusa a los empresarios, “en connivencia con los funcionarios del BNA”, de haber “actuado con el fin de defraudar al banco para beneficiar a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA, evitando el pago de las obligaciones contraídas, solicitando la liberación de fondos garantizados y obteniendo nuevos préstamos sin reunir las condiciones ni ofrecer garantías suficientes”.

Asimismo, el fallo sostiene que “habrían desviado fondos que se encontraban bajo custodia del banco para evitar que fueran aplicados al pago de la deuda contraída”, y señala que “el grupo habría realizado operaciones bancarias destinadas a desviar y ocultar los fondos provenientes de la maniobra fraudulenta”