La situación en la fábrica Lustramax, ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas, escaló las últimas semanas de un conflicto salarial a una disputa política y judicial de alcance nacional. Los trabajadores, que mantienen un acampe frente a la planta de artículos de limpieza, denuncian que la empresa utiliza un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) como «pantalla» para ejecutar despidos persecutorios y ensayar mecanismos para aplicar la reforma laboral.

Leandro Gómez, delegado sindical de la firma, aseguró que la compañía no atraviesa dificultades económicas reales. «Los últimos tres balances presentados son buenos, son positivos», afirmó el dirigente, quien además detalló que hasta mediados de diciembre la actividad era intensa, incluyendo la realización de horas extras. Según Gómez, la intención de fondo es «preparar el terreno para la reforma laboral» y desarticular conquistas como la estabilidad de horarios y jornadas.

Un punto de máxima tensión en el conflicto es la irrupción de la abogada Florencia Arietto, cercana a la exministra de Seguridad y actual Senadora Nacional, Patricia Bullrich, en representación de la patronal. Los empleados denunciaron haber visto al esposo de la letrada recorriendo las instalaciones junto al dueño días antes de que se notificaran las 29 cesantías.

En diálogo con AM 530, Gómez describió la estrategia empresarial en el conflicto: «Claramente están siguiendo el plan que ella diseñó. Lo que vemos es que esto es como un laboratorio para el gobierno y Arietto para poder despedir gente, a delegados». A pesar de los despidos, el gremio sostiene que la producción no se detiene y que la mercadería fluye con normalidad, lo que invalidaría el argumento de la crisis económica.

Una conciliación «light» y presencia de Gendarmería

La intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó una conciliación obligatoria por 15 días, fue calificada por los trabajadores como insuficiente o «light». Denuncian que la patronal ignora el dictamen al impedir el reingreso de los afectados bajo el artículo 30, manteniendo un lockout ilegal mientras las fuerzas de seguridad custodian la salida de fletes.

La escalada represiva sumó un nuevo capítulo con el despliegue de la Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense para ejecutar órdenes de desalojo en el acampe. Arietto celebró en redes sociales el accionar de las fuerzas federales para garantizar que los camiones salgan al reparto, mientras que el cuerpo de delegados y organismos de derechos humanos como el CeProDH denuncian que estas intervenciones carecen de jurisdicción y buscan amedrentar el reclamo legítimo.

Deudas y represalias sindicales

El conflicto se originó tras una serie de incumplimientos básicos por parte de Lustramax:

• Deuda previsional: Cuatro meses de falta de aportes a la obra social.
• Haberes adeudados: Parte del aguinaldo y un bono acordado en diciembre permanecen impagos.
• Ilegalidad de las bajas: El gremio recuerda que, según la normativa de la Secretaría de Trabajo de la Nación, no se pueden realizar despidos mientras el expediente del Preventivo de Crisis esté en análisis.

Con el plazo de la conciliación cerca de vencerse y sin garantías de reincorporación definitiva, los trabajadores ratificaron que continuarán con el plan de lucha. «En 15 días se cumple el plazo y el día 16 no voy a estar en la empresa», advirtió Gómez la semana pasada durante un de los picos del conflicto, subrayando la urgencia de una solución que exceda la tregua administrativa.