En un documento firmado por sus autoridades, la FAM sostuvo que la denominada “modernización” laboral “no tiene nada de moderno” y la comparó con la experiencia de fines de los años noventa, cuando se aprobó la llamada “Ley Banelco” durante el gobierno de la Alianza. Según recordaron, aquella iniciativa “no generó ni un puesto de trabajo, destruyó empleo genuino y precarizó a los que sobrevivieron”, y su recuperación demandó varios años.

El texto advierte que el nuevo proyecto oficial avanza sobre derechos históricos del trabajo al promover esquemas de contratación más frágiles, reducción de indemnizaciones, jornadas de hasta 12 horas, semanas laborales de seis días y vacaciones reducidas. Para la FAM, se trata de “retroceder 100 años”, en línea con un modelo que “sólo trabaja para la especulación financiera”.

Desde la mirada de los gobiernos locales, el impacto no se limita a los trabajadores sino que se extiende al conjunto de la economía. Menor masa salarial formal implica menos consumo, más precariedad y una fuerte caída de los recursos públicos necesarios para sostener la salud, la educación, la seguridad, el transporte y el acceso a la vivienda, áreas que el gobierno nacional busca dejar “en manos del mercado”.
 

Finalmente, la Federación alertó que la reforma también afecta la estructura tributaria que sostiene el federalismo y compromete el futuro de las nuevas generaciones. “Generará que los jóvenes no tengan futuro”, afirmaron, al tiempo que ratificaron que se opondrán al proyecto “con todas las herramientas de la democracia”, en defensa de la justicia social y del trabajo registrado como base del desarrollo económico.