Los procedimientos se concentran en comercios, galerías y ferias ubicadas en inmediaciones del cruce de la avenida General Paz y Ramón Falcón. Durante los relevamientos, se solicita identificación personal y se verifica la situación migratoria, además de realizar chequeos biométricos para descartar antecedentes penales.

En el marco del despliegue, dos individuos fueron arrestados: una mujer con una causa vigente por robo y un hombre investigado por estafas. Aquellos que no presenten delitos reciben un plazo para regularizar su situación ante Migraciones, mientras que los casos con causas judiciales quedan a disposición de la Justicia.

El despliegue estuvo a cargo de personal de la Dirección Nacional de Migraciones, efectivos de la Policía Federal Argentina y agentes policiales especializados en materia migratoria. Según se explicó en el lugar, el sistema funciona mediante un lector biométrico: la persona apoya el dedo y una señal lumínica —verde o roja— indica el resultado de la verificación en bases oficiales.

La elección del lugar no pasó inadvertida. La cuadra de José León Suárez es conocida desde hace años por la presencia de la comunidad boliviana, que primero desarrolló una feria y luego consolidó locales estables.

A pocos metros, sobre la misma traza, se concentran restaurantes y comercios de comida peruana. Vecinos señalaron que el tránsito constante de miembros de ambas comunidades convirtió a la zona en un punto de referencia cultural y económico.

Consultados por la prensa, voceros del procedimiento se limitaron a definirlo como “operativos de rutina”, sin brindar mayores precisiones sobre los criterios de selección ni la duración prevista.

 Aunque oficialmente se indicó que las verificaciones eran aleatorias, vecinos aseguraron que la gran mayoría de los interceptados presentaban rasgos asociados a las comunidades boliviana o peruana. “Paran casi siempre a la misma gente”, señalaron, y advirtieron sobre un posible sesgo discriminatorio.

El operativo se dio en un contexto institucional particular: recientemente, la Dirección Nacional de Migraciones pasó a depender del Ministerio de Seguridad, un cambio que reavivó el debate sobre el enfoque de las políticas migratorias y el rol de las fuerzas de seguridad en los controles.

Mientras tanto, el impacto inmediato se sintió en la actividad comercial y en el clima del barrio. Algunos locales registraron menos clientes durante la tarde y varios vecinos expresaron temor y malestar. “Acá vive y trabaja gente desde hace décadas. Estos operativos estigmatizan”, resumió una referente barrial.