Con 42 votos a favor y 30 en contra el gobierno nacional logró aprobar en el Senado -en general- la reforma laboral y ahora el proyecto continúa el recorrido parlamentario por la Cámara de Diputados. En el marco de las sesiones extraordinarias, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza y encargada de construir acuerdos con la oposición, contó con el apoyo de los legisladores que integran los bloques del PRO y la UCR. También apoyaron senadores que responden directamente a gobernadores de distintas provincias como Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sonia Decut (Misiones), Carlos “Camau” Espinola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Beatriz Avila (Tucumán), Julieta Carroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta).
En esta oportunidad, senadores que habían respaldado al oficialismo prefirieron votar en contra. Son los de la provincia de Santa Cruz Natalia Gadano y José María Carambia. Además el interbloque “Popular”, que nuclea a legisladores peronistas de todas las ramas y preside el formoseño José Mayans, votó en su conjunto y sin fisuras en contra de la iniciativa impulsada por el presidente, Javier Milei.
En los cierres, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich defendió el proyecto del gobierno-lógicamente-. Sostuvo que el peronismo gobernó durante la mayor cantidad de tiempo desde el retorno de la democracia y que es responsable del nivel de informalidad laboral. Repitió el slogan libertario de que el “Estado aplastó el crecimiento del país” y que la “ley laboral nos dejó anclados en el pasado”. Siguió cuestionando al peronismo y remarcó que el país no es competitivo. Y que hay que «generar más empleo privado y menos empleo público». Repitió que el modelo que defendió el peronismo «fracasó». También criticó la «letigiosidad» y que es un sistema que «destruye empresas y empleo».
Entre los puntos que más destacó, Bullrich dijo que la prevalencia del «convenio colectivo menor» sobre el mayor es «una revolución». Y también los límites a las asambleas para que «no sean un paro encubierto».
Sobre el final hizo una crítica política de la oposición. Sostuvo que no quiere que a la Argentina «le vaya bien» para volver al poder.

Desde el interbloque Popular, el formoseño José Mayans comparó el proyecto de ley mileísta con los carteles que había en los centros de concentración de los nazis que decían “el trabajo libera”. En ese momento Bullrich pidió una interrupción y Mayans no la concedió. El formoseño recordó luego la visita de la CGT y otras organizaciones. Remarcó que habían señalado que iniciativa “viola el artículo 14 bis de la Constitución y acuerdos internacionales”. Que la Argentina tiene hoy “el nivel más bajo de salarios de la región”. Dijo que Milei quería volver al 1800, antes de la Primera Guerra mundial. Destacó que el proyecto modifica más de 40 leyes. Y que no era posible tratar “esa cantidad de leyes” en una sola sesión.
En la esencia de su mensaje insistió que este sistema ya fracasó con la dictadura de 1976, con “Fernando de la Rúa”, con “Mauricio Macri y va a fracasar con Milei”. “El problema de la Argentina no son los trabajadores. El problema es el plan económico del gobierno”, remató como resumen de su intervención.
El debate continuó al cierre de esta nota en lo particular. Varios senadores que acompañaron la votación en general tienen disidencias sobre todo con artículos como el que establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral que toma dinero de ANSES.
El oficialismo modificó a lo largo de la jornada un artículo a favor de los gremios. Se trata del que toca el aporte solidaro hacia sindicatos, que proponía un tope de 2% y caída dentro de 2 años para ser voluntario. La nueva propuesta mantiene el porcentaje, pero quedaría sin plazo de finalización.
Según pudo saber este medio, el cambio se dio porque la eliminación del aporte podría impactar en el corto plazo en la pata turística que tienen los gremios en importantes ciudades del país que podrían cerrar estructuras desde ahora por no poder financiarlas.
Además se incorporó -como anexo- el convenio para traspasar la Justicia Laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.