El proyecto original proponía la baja de imputabilidad a la edad de 13 años, algo que se modificó en la negociación con partidos aliados como el PRO —referenciado en el expresidente Mauricio Macri— y la Unión Cívica Radical (UCR). Si fuera por Milei, se habría ido incluso más allá: “También lo podríamos llevar a 10 (años)″, dijo en una entrevista que dio al canal La Nación+ en marzo pasado, en medio de la conmoción por la muerte de una niña de siete años a mano de dos adolescentes que habían robado un auto.

El régimen penal vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados. Entre los 16 y los 18 solo pueden ser procesados en casos de delitos graves de acción pública o que prevean una pena superior a los dos años de prisión. Las penas de detención en cárcel común están previstas a partir de los 18; antes, la privación de la libertad debe cumplirse en institutos para menores.

La iniciativa aprobada este jueves abre la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos puedan ser procesados penalmente, juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, recibir una pena de hasta 15 años de privación de la libertad (originalmente el Ejecutivo proponía 20).

De acuerdo a las estadísticas preliminares presentadas el mes pasado por el Ministerio de Seguridad argentino, la tasa nacional de homicidios cerró 2025 en 3,7 cada 100.000 habitantes, lo que representa el registro más bajo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la inseguridad es un tema sensible para la opinión pública y distintas encuestas muestran que al menos el 60% de la población consultada está de acuerdo con la iniciativa que obtuvo el aval de Diputados, llegando en algunos casos al 80% de aprobación.

Según un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el primer semestre de 2025 se iniciaron causas penales contra 945 niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores. Nueve de cada diez fueron varones, principalmente de 16 y 17 años. Más del 80% de los delitos que cometieron fueron contra la propiedad, es decir, distintos tipos de robos.

Obispos de la Iglesia católica que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas, rechazaron mediante un documento la reforma al considerar que “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico. En cambio, pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel. “El ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, aseguraron.

Unicef también se manifestó en contra de la iniciativa, alegando que “la utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia”. Aseguraron que las políticas sociales que promueven la educación, el deporte y la salud de los adolescentes son la mejor estrategia para prevenir el delito juvenil.