La destrucción de puestos de trabajo no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de la caída del consumo interno y la falta de competitividad ante las importaciones. Sectores clave como la industria manufacturera, que lideró los despidos con 36.648 casos, sufren el impacto de un esquema de costos crecientes y demanda «planchada».

A esto se suma la paralización de la obra pública, que explica por qué la construcción aportó 25.311 nuevos desempleados al sistema de seguridad social. En total, se estima que bajo la actual gestión ya se han perdido más de 270.000 puestos formales en el sector privado, una cifra que la leve suba del monotributo no logra compensar.

La recesión se ensañó con el corazón productivo del país. La Provincia de Buenos Aires concentró casi el 30% de los afectados, con 44.145 residentes solicitando asistencia. No obstante, el impacto relativo fue devastador en provincias con dependencia industrial y de obra pública:

• Santa Fe: 7.675 bajas.
• Córdoba: 7.825 bajas.
• Tierra del Fuego: Afectada por la apertura comercial en el sector electrónico.

Aunque la prestación alcanzó en diciembre su pico de 103.654 beneficiarios, el monto promedio de $276.944 resulta insuficiente frente a una canasta básica que no detiene su marcha. Mientras el Gobierno celebra el equilibrio fiscal, la realidad de los trabajadores despedidos bajo la Ley 24.013 muestra un escenario de precarización: al agotarse la cobertura de 12 meses, la mayoría se ve empujada a la informalidad o al cuentapropismo de subsistencia.