El primero en reaccionar fue el Ministerio de Trabajo bonaerense que activó una mesa de negociación para intentar destrabar el conflicto. Más tarde, se sumó el Ministerio de Capital Humano con un comunicado. 

El Ministerio de Trabajo bonaerense está "actuando de oficio porque nos enteramos esta mañana. Nos apersonamos en el lugar y convocamos a la organización sindical y a la compañia a una audiencia. De ninguna manera habíamos sido notificados de esta situación, sabíamos de un problema anterior, pero de esta situación puntual no teníamos información", explicó su titular Walter Correa en una entrevista con El Destape 1070.

En ese marco de negociación, poco después, el ministerio bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar los despidos y buscar una salida dialogada al conflicto. "Lo que veo es un proceso de suspensiones que culminó el año pasado y ahora estamos en un proceso de industricidio. En referencia a lo que pasó en la década del 90, desde mi experiencia, creo que estamos en el año 98 con cierre de plantas y despidos", describió Correa para analizar la crisis actual. 

Tras la intervención de Provincia y ante la creciente presión pública, el gobierno nacional de Javier Milei también dictó la conciliación obligatoria para el conflicto en Fate. "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) por el término de quince (15) días, conforme a la normativa vigente", anunció Capital Humano a través de un comunicado.

En el texto se agrega que durante este plazo "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio".

Fuentes oficiales intentaron vincular este conflicto a la necesidad de la reforma laboral que se discute en el Congreso. “Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”, destacaron. En este sentido, recordaron que, desde 2019, la compañía implementaba “un plan preventivo de crisis y que hace 14 meses los empleados no recibían aumentos”.

Además, lamentaron que “una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal” y apuntaron que esperan “que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre”. Además, reafirmaron que su objetivo es “propiciar la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”.