La discriminación y el racismo persiste hoy en diversas formas, incluyendo la violencia, la exclusión y la desigualdad, alimentado a menudo por discursos de odio.

 El racismo no es únicamente un prejuicio individual. Se organiza en instituciones, en políticas, en relatos nacionales y en prácticas sociales que definen quiénes pueden habitar plenamente el espacio público y quiénes quedan marginados.

En Argentina se instaló la idea de un país mayoritariamente blanco, construido por la inmigración y funcionó como un relato nacional y también como una forma de invisibilización. Las poblaciones indígenas fueron minorizadas en los relatos y en las estadísticas oficiales; los afroargentinos directamente fueron negados y se construyó un mito en torno a su supuesta desaparición a causa de la fiebre amarilla

Las discusiones actuales sobre discriminación racial en Argentina aparecen en distintos planos. El actual Poder Ejecutivo desmanteló los pocos dispositivos institucionales que trabajaban sobre esta problemática y ha negado reiteradamente la existencia del racismo como fenómeno estructural.

Aunque existe cierta conciencia colectiva frente al avasallamiento del poder, existen hechos de racismo en los medios de comunicación o en funcionarios públicos . Hay Argentinos involucrados en actos racistas que aparecen con frecuencia en los medios y vuelven visible la profundidad del fenómeno en Argentina.

(Recordemos que este gobierno el 22 de febrero de 2024  anunció la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)

Según un estudio de la UBA  del mismo año los mayores niveles de prejuicio se observaron hacia los inmigrantes latinoamericanos, seguido por el prejuicio hacia personas con discapacidad intelectual y el prejuicio hacia las mujeres (sexismo benevolente y hostil). Asimismo, los menores niveles de prejuicio se observaron hacia personas homosexuales, seguido por los adultos mayores y las personas con obesidad.

La responsabilidad del Estado frente a conductas discriminatorias desplegadas en cualquier ámbito es fundamental y obligatoria. Debe actuar como garante de derechos humanos  promover la igualdad real, proteger a poblaciones vulnerables y fomentar la cultura de no discriminación. Además de Cumplir con tratados internacionales que obligan al Estado a proteger contra la discriminación racial y de género en el empleo y la vida pública. 

Reconocer las diferencias y avanzar hacia una sociedad intercultural, resulta el horizonte más efectivo para superar el racismo y la discriminación, no solamente para incluir a esos «otros» que fueron históricamente negados, sino para enriquecer a la sociedad. Este debe ser el desafío del Estado en un futuro próximo