Las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pusieron en marcha este miércoles las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, bajo un esquema que limita la participación oral a 400 expositores sobre un total de más de 100 mil inscriptos, decisión que le valió al Gobierno nacional fuertes críticas. 

"Solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas”, advirtió el Ejecutivo ante la convocatoria prevista para las 10. El cronograma prevé que 200 oradores expongan de manera presencial en la primera jornada y otros 200 lo hagan en forma remota al día siguiente, mientras que el resto de los interesados deberá canalizar su participación mediante la presentación de escritos o videos que serán incorporados al expediente parlamentario.

La organización de las audiencias, diseñada por el oficialismo, generó cuestionamientos por parte de bloques opositores y organizaciones ambientalistas, que reclamaron extender los días de exposición para garantizar una mayor participación directa, en un contexto de fuerte interés público y movilización social en torno a la normativa que regula la actividad minera en zonas glaciares.

Desde la conducción de las comisiones, los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz defendieron el esquema al sostener que la magnitud de inscriptos hacía necesario establecer criterios de ordenamiento para asegurar el desarrollo de la actividad parlamentaria, y recordaron que las exposiciones se transmitirán por los canales oficiales y contarán con cobertura de la prensa acreditada.

En paralelo al inicio de las audiencias, organizaciones ambientalistas convocaron a una movilización en las inmediaciones del Congreso para exigir la ampliación del debate, mientras que las fuerzas federales dispusieron cortes de tránsito en distintos accesos al Palacio Legislativo para garantizar el operativo de seguridad durante las jornadas.

El proceso se desarrolla además bajo la mirada de la Justicia, que en las horas previas rechazó una de las cautelares presentadas para suspender las audiencias, aunque otro planteo impulsado por entidades ambientalistas aún aguardaba resolución, en el que se solicitó que se ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en el tratamiento de la reforma.