La medida, de alcance nacional, se mantendrá por al menos 45 días, en un contexto de caída de la demanda y de fuerte volatilidad en el mercado energético global.

Las operaciones internas del sector tomarán como referencia el valor del crudo de marzo. De esa manera, aunque los productores facturen al precio internacional vigente, las refinadoras pagarán sobre la base previa y la diferencia quedará asentada en una cuenta compensadora para ser saldada más adelante.

El acuerdo involucra a distintos actores de la cadena, entre ellos productores, refinadoras y empresas integradas, y será revisado una vez concluido el plazo inicial, previsto para mediados de mayo. La decisión llegó después de semanas de presión sobre los surtidores que se reflejaron en una suba del 15% desde febrero.

A su vez, el Gobierno también resolvió postergar hasta el 1 de mayo la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida fue formalizada a través del Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de sostener el crecimiento de la economía dentro de un sendero fiscal sostenible y evitar una presión adicional sobre los precios.

Con este doble movimiento, una parte desde el sector privado y otra desde el plano impositivo, el mercado busca ganar previsibilidad en el corto plazo y evitar un nuevo salto en un rubro de fuerte impacto sobre la inflación y el consumo.