Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votaron en contra de la reforma-, los libertarios le anotaron un triunfo legislativo al presidente Javier Milei con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

La nueva ley de Glaciares

Sus detractores, en cambio, enfatizaron que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que será judicializada por inconstitucional y regresiva. Advirtieron que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada por la explotación minera.

Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas.

La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.

En suma, con esta reforma, las provincias tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final. Así, la Nación y las provincias esperan destrabar inversiones estimadas en US$ 20.000 millones en proyectos mineros.

Distintos bloques repudiaron la censura a medios y pidieron que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión

Diputados y diputadas de diferentes bloques tomaron distintas medidas y acciones con el fin de plantear al Gobierno Nacional la gravedad de prohibir el acceso a Casa Rosada de periodistas de medios acreditados para cubrir las noticias vinculadas con el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei.

La Coalición Cívica y el bloque Provincias Unidas enviaron una nota al presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Guillermo Montenegro (LLA), en la cual solicitan “la convocatoria a una reunión de la Comisión, con el objeto de abordar la preocupante situación relativa a la reiterada limitación de las tareas periodísticas en el ámbito de esta Honorable Cámara y en la Casa Rosada”.

“En las últimas semanas hemos tomado conocimiento de diversas advertencias, manifestaciones y quejas formuladas por trabajadores y trabajadoras de la comunicación, quienes señalan restricciones en el acceso a la información, dificultades en el desarrollo de sus labores profesionales y eventuales obstáculos en la cobertura de actividades institucionales; en suma, todos escollos que constituyen tanto menos una limitación y un condicionamiento al ejercicio de la libertad de prensa, cuanto un franco gesto de censura”, completaron con las firmas de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y Esteban Paulón, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y Alejandra Torres, de Provincias Unidas.

El bloque Unión por la Patria (UxP) repudió la censura y expresó: “Frente a este avasallamiento, presentamos un proyecto repudiando al gobierno que no bastándole con agredir periodistas, ahora decide silenciar voces en plena democracia”.

“En una democracia constitucional, el disenso, la crítica y la pluralidad de voces no sólo deben ser tolerados, sino activamente garantizados. La existencia de un periodismo independiente, diverso y con acceso efectivo a las fuentes oficiales es condición necesaria para evitar la concentración del discurso público y para impedir que el poder político derive en prácticas autorreferenciales o propagandísticas”, afirmó el bloque que incluye a Nicolás Trotta, Germán Martínez, Raúl Hadad, Sabrina Selva, Santiago Roberto, Hugo Yasky, Lorena Pokoik, Juan Marino y Diego Giuliano.

En el mismo sentido, las y los diputados del Frente de Izquierda (FIT) Romina del Plá, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Myriam Bregman manifestaron el “más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de suspender la acreditación de los medios de comunicación Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, FM La Patriada, A24 y El Destape en la Casa Rosada, configurando un grave avance contra la libertad de prensa y el derecho a la información”.

Además, expresaron “preocupación ante la escalada de medidas restrictivas, persecuciones y hostigamientos contra periodistas y medios de comunicación, que lesionan libertades democráticas elementales y buscan disciplinar la labor periodística”.

El libelo ruso, en la justicia

Por otro lado, el juez Sebastián Ramos quedó a cargo de la denuncia iniciada por el abogado Jorge Monastersky por averiguación de delito por la presunta existencia de una red rusa de desinformación que operaba en Argentina financiando notas en determinados medios, denunciada por el consorcio internacional Open Democracy, cuyos integrantes admitieron públicamente que no pudieron acreditar que se concretara algún pago.

El gobierno revocó las acreditaciones de algunos medios presentes en Casa Rosada sin comunicar oficial y públicamente las razones de esa decisión, que atribuyó a la denuncia de Open Democracy a través de voceros.

La Secretaría de Comunicación, a cargo de Javier Lanari, tiene agendadas reuniones con distintos medios; presuntamente para dar las explicaciones correspondientes.