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Coparticipación: no hubo acuerdo entre Nación y Ciudad y define la Corte Suprema

Miércoles, 11 de Mayo de 2022

En la sexta y última reunión no se logró consenso por el traspaso de recursos. Ahora la Corte será quien defina la demanda, en la que Ciudad reclama a Nación más de $200.000 millones.

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a realizar un encuentro hoy, al filo de la última extensión del plazo para llegar a un acuerdo que determinó la Corte Suprema, ante el amparo presentado por Horacio Rodríguez Larreta ante el máximo tribunal para intentar quedarse con los fondos extra para la seguridad que le había transferido Mauricio Macri y cuestiona el Frente de Todos y la mayoría de los gobernadores.

La reunión que se realizó en el Ministerio del Interior con la idea de intentar zanjar las diferencias por la quita decidida por Nación en 2020 respecto del dinero que se gira a CABA para el mantenimiento de la Policía porteña luego del traspaso, finalmente terminó sin acuerdo y ahora la discusión será definida por la Corte Suprema de Justicia debido a que si bien la fecha original vencía el 26 de abril, según dispuso en un primer término la Corte, pero poco antes de esa fecha ambas administraciones acordaron pedir una extensión de quince días hábiles; es decir, como vencía hoy, a partir de lo que sucedió en este nuevo encuentro, la definición pasó de manos.

Es así que al no lograr el acuerdo, ahora la Corte Suprema quedó habilitada para definir sobre la demanda que inició el Gobierno porteño, la cual contempla un reclamo que supera los $ 200.000 millones. El máximo tribunal toma como parte una deuda anterior por coparticipación de Nación a la Ciudad, entre 2020 y 2021. Este punto fue el eje del reclamo de gobernadores alineados con el Gobierno nacional, quienes hoy emitieron un comunicado expresando su “profunda preocupación por la injerencia de la Corte Suprema en el federalismo”.

En ese pedido, la Ciudad exige el pago de una deuda de Nación de $ 98.000 millones entre 2020 y 2021, cuando le quitó recursos por coparticipación al gobierno porteño para asignárselos al bonaerense. Durante las reuniones, los representantes del gobierno porteño habían sido el jefe de Gabinete Felipe Miguel, Martín Mura, ministro de Hacienda, y Marcelo D' Alessandro, de Seguridad. Por el lado del Gobierno, hubo una delegación encabezada por Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

Por otra parte, el tiempo no es la única preocupación en este marco, puesto que los cruces entre Nación y Ciudad tienen otro punto: un informe presentado por la Comisión Federal de Impuestos (CFI) fijó un monto por la transferencia de la policía a la Ciudad que va en contra de los deseos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ese informe fue aprobado por 21 provincias, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes. A excepción de Nación, las tres jurisdicciones que no aprobaron o se ausentaron son de signo opositor.

Al proyectar esas cifras a la actualidad, el CFI estimó un impacto global de 43.000 millones de pesos. Los números de la Ciudad difieren ampliamente. Durante el año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta advirtió que dejó de percibir alrededor de 86.000 millones de pesos por los cambios en el cálculo de las transferencias por seguridad. Para 2022, estima que la caída de ingresos podría superar los 120.000 millones de pesos.

ANTECEDENTE

La judicialización comenzó en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández anunció la quita de un 1,18 por ciento de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad para la Policía tras un aumento decretado por Macri. Luego, a través de una ley votada por el Congreso, se estableció que Nación debía abonarle ya no un porcentaje de la coparticipación sino una suma fija a la Ciudad, en concepto de la compensación por la transferencia de la seguridad.

EL INFORME TÉCNICO QUE HACE TAMBALEAR LOS NÚMEROS DE LARRETA

Tal como se mencionó la Comisión Federal de Impuestos (CFI) presentó un trabajo que fijó el monto por la transferencia de la policía a la Ciudad de Buenos Aires en $11.000 millones. Se trata de $7.000 millones menos que los $18.000 millones que reclama el gobierno de Rodríguez Larreta. El informe se conoció hace unos días y es avalado por nada más y nada menos que 21 provincias. Solamente se negaron la Ciudad - una de las partes en la disputa - y Mendoza (provincia gobernada por tal vez el sector más cercano al PRO de la UCR), Corrientes se ausentó y Nación - a diferencia de la gestión porteño - se abstuvo por ser parte del diferendo.

En el informe del CFI sostienen que "se evidencia que tanto la Contaduría General de la Nación como la Tesorería General de la Nación registran ingresos al Tesoro Nacional provenientes de la Ciudad, durante los ejercicios 2016 y 2017, por las sumas de $ 8350 millones y $ 3135 millones, respectivamente". El relevamiento concluye que "el costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $ 11.486 millones, sin perjuicio de la correspondiente deflactación que pueda corresponder en los diferentes períodos".

En paralelo, el informe aportado por Nación durante las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad había arrojado un número similar, en poco más de $ 8000 millones, sin tener en cuenta el índice inflacionario contemplado por el informe de la CFI, lo que dejó en claro cifras similares. Estos números, proyectados al 2021, marcaron también contradicciones, dado que la Ciudad reclama $112.000 millones, mientras que las provincias avalaron con su informe técnico un monto de $43.000 millones. El monto referenciado no contiene compensación alguna por la transferencia de bienes acordada en los convenios.

SOLICITADA DE LOS GOBERNADORES CON MENSAJE PARA LA CORTE

Gobernadores de 17 provincias se encontraron anoche en la sede del CFI y consensuaron un texto en formato de solicitada titulado "El federalismo no se negocia" que tiene como principal destinataria a la Corte Suprema, en el marco de la antesala de la reunión de hoy entre Nación y Provincia y la posibilidad de que el conflicto deba ser dirimido finalmente por el máximo tribunal.

En un texto con sólidos argumentos económicos y de derecho, los mandatarios provinciales solicitaron además ser aceptados como “amicus curiae” de la Corte. Según señaló Axel Kicillof, uno de los firmantes, el presidente Alberto Fernández también participó de las conversaciones desde Europa, donde se encuentra actualmente realizando una visita oficial. “Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”, inicia la solicitada.

Además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, firmaron también los mandatarios de Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe. No suscribieron la solicitada ni participaron de las negociaciones los gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés), el cordobés Juan Schiaretti, Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).

Los mandatarios de las provincias señalaron que observan "con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes" y remarcaron que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes. Cuando se sanciona la ley 23548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional", precisaron los gobernadores en un fragmento muy nutrido de argumentos. Y siguen: "Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%. Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”.

La solicitada fue difundida a las 9 por las cuentas oficiales de los gobernadores firmantes horas antes de la última reunión formal que se realizará en el Palacio de Tribunales para buscar una salida consensuada entre los gobiernos porteños y nacional. Si no hay acuerdo, el máximo tribunal quedará en condiciones de emitir una sentencia o podría pedirse otra prórroga. “Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, aseguraron los gobernadores aliados a la Casa Rosada.

Y completaron: “Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.