La ofensiva opositora se produce luego de que la Corte revocara el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado el artículo 7 de la denominada Ley de Tierras.

El decreto tiene el rechazo con media sanción, y, con esta decisión del máximo tribunal, la oposición busca consensos para rechazarlo definitivamente en Diputados.

Ayer, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, el que derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales. El máximo tribunal no dijo que esa derogación sea constitucional, sino que fue más estrecho y más explosivo a la vez: que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para demandar y que no había "caso o controversia".

La soberanía territorial, argumentaron, no es un bien colectivo al amparo del artículo 43 de la Constitución.

El DNU 70 ya fue rechazado por el Senado a principios del 2024. El rechazo de una sola Cámara no alcanza: hace falta que Diputados también lo rechace para que quede sin efecto. Esa segunda instancia nunca se votó. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó que pedirá una sesión especial. Las fechas que circulan es el miércoles 7 o el 14 de octubre. Para abrir el recinto hacen falta 129 presentes. Para tumbar el decreto es necesario mayoría simple de los que estén sentados.

Unión por la Patria aporta el núcleo con 92 diputados. La izquierda suma cinco bancas y ya pidió sesión. A ese arco se sumaría el interbloque Unidos, además de monobloques como Coherencia y Defendamos Córdoba. El PJ, en una reunión de bloque relámpago, empezó a porotear si esos acuerdos alcanzan. Elisa Carrió, según trascendidos legislativos, también se despachó contra el mega decreto después del fallo. Por ahora, el PRO y el bloque de la UCR especulan con el ingreso del pedido de sesión para tomar una decisión al respecto. 

El DNU 70/23 tocó alquileres, prepagas, trabajo, fútbol, Estado y un paquete de más de 300 normas. Por eso el oficialismo se alarmó: una derogación total no deja en pie solo el capítulo rural. Deja en el aire el andamiaje desregulatorio con el que Milei arrancó el Gobierno. Hasta se especuló en la Casa Rosada con la posibilidad de reflotar el debate sobre la Ley de Tierras para que quede despejada la presión sobre el mega decreto del inicio del mandato.

En ese clima, Miguel Ángel Pichetto ofreció hoy una salida al Gobierno a través de su cuenta de X. "Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite", escribió. En el Gobierno lo analizan como una salida decorosa a la incipiente crisis que generó el fallo de la Corte. Le da al Ejecutivo una diagonal: salvar el resto del decreto, recomponer el límite a la extranjerización y empujar al mismo tiempo el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el que el oficialismo quiere mostrar como bandera. 

El cruc se metió en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, convocado este miércoles para empezar a tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Juan Grabois se trenzó hoy con los libertarios, acusó al oficialismo de tener "la Corte comprada" y apuntó contra Jairo Guzmán y Gerardo Milman: "vendidos", "coimeros", "faloperos". Cuando Carlos Zapata, presidente de Defensa, le cortó el micrófono, Grabois le gritó "deja de cortarme el micrófono, facho de mierda". Antes, Guzmán había interrumpido a Bregman. "Cierren el orto y dejen hablar a la gente", disparó Grabois. Los presidentes de comisión levantaron la reunión. Unión por la Patria denunció "mecánica autoritaria" en el plenario de hoy.

Los otros cuatro candidatos invitados al debate ya confirmaron su participación. Serán el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, el psiquiatra y escritor Augusto Cury y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema.

No es la primera vez que alguno de los candidatos se niega a participar de los debates presidenciales. Lula y Flávio, en distintas ocasiones, se negaron a participar de algunos de los debates anteriores en los últimos meses. Tanto el líder petista como el derechista están en un mano a mano directo: las últimas encuestas muestran un escenario de empate técnico de 40%-36% a favor de Lula.

Dos de los debates que estaban previstos en el último mes tuvieron que ser cancelados ante el rechazo de los dos favoritos a asistir. El primero de todos se realizó pero con candidatos cuya intención de voto no supera el 5%. Flávio confirmó en las últimas horas que asistirá al debate de Globo este jueves, a la par que retó a Lula a hacerlo.

"Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí. Él que decida. Quiero ir para debatir con él. Lo estoy llamado para que acuda: Lula ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo", aseguró el senador ultraderechista en un mitin en el estado de Goiás el pasado domingo.

Según dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores, citados por la prensa, Lula, como único aspirante de izquierda, temía convertirse en blanco de las críticas de los otros cuatro candidatos invitados al debate, ya que todos representan a partidos de centroderecha o de ultraderecha. Globo informó que dejará vacía la silla que le correspondería a Lula en el debate.

Además del empate técnico en la primera vuelta, Lula y Bolsonaro también aparecen en un empate técnico en los sondeos para una eventual segunda vuelta, necesaria en caso de que ningún candidato alcance más de la mitad de los votos.

La diferencia entre los dos, sin embargo, es menor para un eventual balotaje, previsto para el 25 de octubre de ser necesario, ya que el líder progresista tiene el 47% de la intención de voto frente al 45% de su principal rival.

Mediante un comunicado, indicó que "de acuerdo con la información preliminar disponible, las autoridades israelíes consideran que se trató de un intento de atentado yihadista de parte de uno de los pilotos de la aeronave, cuya aparente intención habría sido estrellar la aeronave con sus pasajeros a bordo".

Aseguró que "la intervención de pasajeros israelíes y miembros de la tripulación fue decisiva para evitar una catástrofe de grandes magnitudes", ya que, "al advertir la gravedad de la situación, los pasajeros actuaron con extraordinaria valentía para ayudar a reducir al agresor".

Agregó que en paralelo "los pilotos fuera de servicio que viajaban a bordo colaboraron para para recuperar el control de la aeronave y conducirla a un aterrizaje seguro".

Ante lo sucedido, "Israel expresa su reconocimiento a todos ellos y, en particular, al piloto que fue atacado por su colega, por el coraje y el profesionalismo demostrados en circunstancias de extremo peligro".

En otro párrafo, las autoridades relacionaron el episodio con el vínculo entre Israel y los Emiratos Árabes.

"La agresión a un vuelo de una compañía emiratí que une Dubái con Tel Aviv intenta atentar también contra el acercamiento entre ambos países y contra el proceso de paz y normalización impulsado por los Acuerdos de Abraham", afirmaron.

Y aseveraron que el ataque a esa ruta tuvo como objetivo "socavar la confianza" que hay en esa relación.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se refirió al hecho y en su cuenta de la red social X expresó: "Mi saludo al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinario valor. A pesar de haber sido apuñalado y herido gravemente, luchó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación sometieran al atacante, evitando un desastre catastrófico en pleno vuelo".

Y resaltó: "Salvó la vida de 174 personas, incluidos ciudadanos israelíes y otras nacionalidades. Deseo al Capitán Machchhar una pronta y completa recuperación. Es un verdadero héroe".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz también denunció un "intento de ataque terrorista yihadista"

El diputado Máximo Kirchner se refirió a la demora que sufrió mientras circulaba en la provincia de San Luis, debido a que su vehículo tenía orden de captura en el marco de la Causa Hotesur, y sostuvo: "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más, siguen intentando disciplinarnos". 

"No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan", sostuvo el hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner en un comunciado.

"Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata", comenzó señalando. 

En ese marco, Máximo Kirchner detalló que "en un control de ruta en el ingreso a San Luis" lo demoraron porque la camioneta "tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py". 

"También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje", comentó.

El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 Martín Cormick le otorgó al Estado cinco días para cumplir, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas por el incumplimiento de la orden judicial.

La nueva resolución fue dictada después de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra la intimación anterior. Frente a ese planteo, el magistrado decidió ampliar los fundamentos de su decisión y ratificó que la cautelar se encuentra firme.

En primer lugar, el juez analizó el cumplimiento del artículo 5° de la Ley 27.795, referido a los salarios universitarios, y reconoció que el Estado acreditó algunos avances: “Se han documentado los aspectos de cumplimiento temporáneo en las convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago”.

Sin embargo, consideró que eso no alcanza. Según sostuvo, “no surge en igual modo respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas (…) haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”.

Uno de los datos centrales de la resolución aparece cuando el juez analiza la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, período que toma como referencia para evaluar el cumplimiento de la cautelar. Con base en el IPC del INDEC, señaló que “la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes junio de 2026 resultó ser del 312,19%”.

A partir de ese dato, concluyó que de las respuestas presentadas por el Estado “no se advierte que se haya alcanzado dicho incremento”.

El magistrado también rechazó el argumento del Gobierno de que la cautelar ya habría sido cumplida. Recordó que esos planteos habían sido analizados anteriormente, cuando el juzgado rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar el 1° de septiembre, decisión que quedó firme. Por eso, sostuvo que, “contrariamente a lo que invoca el demandado (…) no se ha agotado el alcance de la cautelar”.

El segundo punto de la resolución está relacionado con las becas estudiantiles. El artículo 6° de la ley establece la recomposición de los programas de becas según la variación acumulada del IPC e incluye expresamente a Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras.

En este aspecto, el juez detectó otra diferencia entre lo ordenado y lo informado por el Gobierno. La propia representación del Estado sostuvo que, según su interpretación de la ley, “la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano”.

Y agregó en su presentación: “De esta forma, ni las becas Progresar, ni las denominadas de enfermería corresponden al aludido programa, y tampoco las ‘otras’ tal como incorrectamente señala la ley en cuestión”.

Para el magistrado, esa explicación no acredita el cumplimiento de la cautelar. En la resolución remarcó que el Estado “admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas”.

Por eso, concluyó: “el cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente en relación a éste punto”.

La resolución aclara que esa consideración no implica anticipar una decisión sobre el fondo de la cuestión, pero sí determina que, desde el punto de vista cautelar, la orden judicial continúa incumplida.

Cinco días y posible multa
Luego de analizar los argumentos del Gobierno, el juez decidió mantener el criterio fijado en la resolución del 22 de septiembre y rechazó conceder el recurso de apelación presentado en subsidio.

Finalmente, ordenó una nueva intimación al Estado Nacional: “intímese nuevamente al Estado Nacional -P.E.N- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”.

La medida cautelar dictada en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires está firme, tras una resolución de la Corte Suprema de junio pasado que avaló la decisión del juez.

Lionel Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una distinción que la institución decidió otorgarle por su trayectoria deportiva y por la trascendencia que alcanzó como representante de la Argentina en todo el mundo.

El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad la entrega del reconocimiento, considerado la máxima distinción honorífica de la universidad. La ceremonia tendrá lugar el martes 6 de octubre, en la previa del partido que la Selección argentina disputará en el estadio Monumental y el cual será la despedida de Messi del público argentino.

La decisión excede el ámbito estrictamente futbolístico. En los fundamentos de la resolución, la universidad ponderó valores como la excelencia, la perseverancia, la humildad y el compromiso con la representación nacional que Messi exhibió a lo largo de su carrera.

La UBA también destacó los principales logros que el futbolista consiguió con la Selección argentina durante los últimos años. Entre ellos aparecen la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El rector de la universidad, Ricardo Gelpi, explicó que la intención es reconocer una trayectoria que trascendió los resultados deportivos. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, sostuvo.

En esa línea, el reconocimiento funciona como un panegírico de una carrera que convirtió a Messi en una figura de enorme predicamento internacional y en uno de los principales referentes de la cultura popular argentina.

El vicerrector Emiliano Yacobitti también destacó la manera en que el futbolista representó al país durante sus años en la Selección y señaló que transmitió los valores de la camiseta argentina “con coraje y respeto”.

La decisión se tomó el pasado martes durante una reunión de la mesa chica ampliada, realizada en la sede de la UOCRA y con la participación de unos 40 gremios. 

La marcha se realizará desde las 15.30 y tendrá como eje el reclamo por la situación de la industria y se dirigirá hasta la avenida Roca 651, donde funciona la Secretaría de Producción, en las cercanías de Plaza de Mayo. La conducción sindical resolvió además acompañar la marcha universitaria del 15 de octubre, aunque la definición sobre una eventual actividad por el 17 de octubre quedó pendiente.

La reunión estuvo encabezada por Gerardo Martínez y el triunvirato integrado por Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, junto con dirigentes de distintos sectores.

El reclamo industrial fue presentado por la central como parte de un diagnóstico más amplio sobre la economía, con énfasis en la caída de la actividad y el aumento de la pobreza. Sola planteó que el movimiento obrero llevará a la calle la necesidad de avanzar hacia “un proyecto industrial que piense en un modelo de producción, de desarrollo, de trabajo y de generación de puestos genuinos”.

La movilización forma parte del plan de lucha escalonado que la CGT había definido a comienzos de julio. Sin embargo, en cuanto al paro general, la conducción evitó ponerle fecha. Lo que sí hizo fue confirmar que habrá una nueva medida de fuerza antes de que termine el año.

“Es una medida que nunca se descarta. En la medida que el Gobierno no tome nota, no genere un ámbito donde se pueda resolver los temas estructurales que está viviendo la sociedad argentina, seguramente terminará en una medida de acción directa", destacó Sola. 

Además, la CGT confirmó que el lunes 9 de noviembre tendrá un encuentro con el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina, en el marco de una actividad vinculada al mundo del trabajo. Los dirigentes anticiparon que buscarán plantearle la situación económica y laboral del país. 

En un clima convulsionado por la crisis económica y financiera y los problemas de gestión que incluso determinaron el cambio del administrador, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ya se prepara para uno de los momentos más calientes de los últimos años. Es que los rumores indican que podrían activarse decenas de cesantías.

Y los rumores encontraron, además, motivos. Es que a última hora de este martes el Gobierno mantó a vallar la sede central de la OSFA, ubicada en en Paso 551.

«Mientras se encaminan a despedir a cientos de trabajadores, deciden amurallar la Obra Social. SON UNOS COBARDES!!», disparó Rodolfo Aguiar, el titular de ATE a Nivel nacional desde sus redes sociales al conocer la información.

Y siguió: «¡Ellos son los únicos responsables de que crezca la conflictividad! Además de los estatales, son las mismas Fuerzas Armadas y de Seguridad las principales perjudicadas por el choreo del Gobienro a una de las obras sociales más importantes del país!!».

«EN SERIO PIENSAN REPRIMIR A QUIENES RECLAMEN?? Mañana vencen los contratos y si hay despidos, ATE PROFUNDIZARÁ TODAS LAS MEDIDAS DE FUERZA!!», especificó Aguiar.

La información es precisa. Este 30 de septiembre vencen unos 600 contratos y no hay certezas de vuelvan a firmar su continuidad. De hecho los rumores indican lo contrario y la actitud de llenar de seguridad los edificios tampoco lleva mucha tranquilidad al personal.

Los recortes, de la obra social con una deuda multimillonaria, podrían alcanzar a personal civil, a delegaciones de diferentes puntos del país y también a los trabajadores administrativos y de los hoteles que tiene la IOSFA.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó hoy con dureza el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei y calificó la resolución como “el fallo de la infamia”.

“La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, sostuvo Kicillof en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

El mandatario provincial se pronunció luego de que el máximo tribunal revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la acción judicial, carecía de legitimación para hacerlo y que no existía un “caso” o “controversia” judicial en los términos exigidos por la Constitución.

De esa manera, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, pero al dejar sin efecto la sentencia de la Cámara quedó nuevamente vigente el artículo del DNU que eliminó esas restricciones.

EL FALLO DE LA INFAMIA
La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular.
Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno “Nacional” tuvo que retirar su…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 30, 2026

Los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas iniciarán este miércoles un paro por 72 horas para volver a exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida paralizará las clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como en el resto de las casas de altos estudios públicas del país.  

La huelga se desarrollará entre los días miércoles 30 de septiembre y viernes 2 de octubre, inclusive. En esa línea, el jueves se realizará un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina de la UBA, con actividades abiertas a la comunidad y una posible radio abierta como parte de las acciones de reclamo.

En paralelo, el conflicto continúa por la vía judicial. El juez federal Diego Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir antes del 30 de septiembre con el pago integral de la cautelar que ordenó actualizar salarios y becas universitarias, actualización que los gremios siguen sin percibir, más allá del 3% adicional previsto para octubre sobre los haberes de septiembre. Según la representación sindical, tampoco hubo nuevas instancias de diálogo con funcionarios del Ejecutivo.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) advierten que, al momento, "nadie del Gobierno se comunicó con ellos" y que "no tienen expectativas" de que la gestión de Javier Milei cumpla con la normativa. Al respecto de la resolución judicial, sostienen que el Gobierno "no respondió" y que comenzó a circular la versión de una apelación que todavía no fue presentada formalmente.

"Empiezan a sumarse las multas por el no pago", advierten desde el sector. El reclamo por la aplicación de la ley comenzó a fines del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo tras la resistencia del Gobierno nacional para aplicar la ley. 

Presupuesto 2027

El reclamo salarial se suma a la discusión por el financiamiento de las universidades que prevé el Gobierno dentro del Presupuesto 2027. Según el material difundido por los gremios, el CIN calculó que las universidades necesitan alrededor de $11 billones, frente a los cerca de $7,4 billones contemplados en la proyección de Casa Rosada. 

Ante este escenario, las federaciones universitarias preparan la 5° Marcha Federal Universitaria contra la administración de Javier Milei, convocada para el 15 de octubre por organizaciones sindicales, estudiantiles y autoridades de las unidades académicas. 

Este martes, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales y sostuvo que la asociación que promovió la demanda no tenía legitimación para llevar adelante ese planteo. El tribunal consideró que no estaba configurado un caso judicial porque no existía un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo que pudiera ser defendido mediante esa acción.

La causa había sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo, con el objetivo de cuestionar el artículo del DNU 70/2023 que derogó la ley 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. La Cámara Federal de La Plata había admitido la demanda, declarando la inconstitucionalidad del artículo y ordenado que el expediente fuera tramitado como proceso colectivo.

Al revisar esa decisión, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que la Cámara había considerado a la soberanía nacional como un bien colectivo que podía ser protegido mediante una acción de este tipo. La Corte rechazó ese criterio y afirmó que “el encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara, al considerarla apta para sustentar un proceso que tiene por objeto la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, carece de todo fundamento”.

El máximo tribunal también cuestionó el criterio utilizado por otros tribunales para admitir este tipo de demandas. “A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, sostuvo el fallo.

La Corte señaló que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por esa razón, no puede ser considerada un bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. De esta forma, el tribunal centró su decisión en la legitimación de la parte demandante y en la existencia de un caso judicial válido.

Sin embargo, el fallo no resolvió si el artículo 154 del DNU 70/2023 es constitucional o no. La propia Corte aclaró que su decisión “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni interfiere con las facultades que corresponden al Poder Legislativo. La norma había derogado en diciembre de 2023 la Ley de Tierras Rurales, luego de que una cautelar dictada durante la feria judicial de enero de 2024 hubiera dispuesto provisoriamente su vigencia.

la respuesta de los ex combatientes

«En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23. Lo hizo pateando la pelota afuera. No exploró el planteo jurídico», señalaron desde el CECIM.

«La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas. Lo hizo de forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei».

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró frenar los despidos Electrolux y se abre una negociación de 20 días. El conflicto comenzó luego de que la empresa comunicara el cierre definitivo de su planta de Rosario. La decisión implicó la desvinculación del personal que permanecía en el establecimiento.

Desde el gremio sostuvieron que la empresa no cumplió con el Procedimiento Preventivo de Crisis, previsto por la normativa laboral para este tipo de situaciones. Por ese motivo, solicitaron ante el Ministerio de Trabajo que se dejaran sin efecto las cesantías y se retrotrajera la situación.

El abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, señaló que la conciliación obligatoria representa un primer paso para los trabajadores, aunque remarcó que el conflicto todavía no está resuelto.

Durante la audiencia, según explicó el representante gremial, la empresa ratificó su decisión de cerrar definitivamente las operaciones en Rosario y vinculó la medida con una estrategia empresarial orientada a la importación.

La conciliación obligatoria no modifica, por el momento, esa postura, pero abre una instancia formal de negociación entre la compañía y el sindicato.

“Tener trabajo es una buena noticia. El primer paso fue dado”, sostuvo Cerra al valorar la suspensión transitoria de los despidos.

La fábrica de Rosario había atravesado durante los últimos años un proceso de reducción de personal y de producción. Según información difundida durante el conflicto, a fines del año pasado la planta contaba con alrededor de 800 trabajadores, mientras que en los últimos meses se habían producido retiros voluntarios y una reducción progresiva de las líneas de producción.

La situación se profundizó en 2026, cuando la empresa dejó de fabricar algunos productos y avanzó hacia un esquema basado en importaciones.

Con la conciliación obligatoria, los despidos quedan suspendidos temporalmente y comienza una etapa de diálogo que se extenderá durante 20 días.

La UOM mantiene como principal objetivo la defensa de los puestos de trabajo y sostiene el pedido de nulidad de las desvinculaciones. En paralelo, el gremio anticipó que continuará en estado de alerta y movilización mientras se desarrollen las negociaciones.

 La medida fue dispuesta por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), que notificó formalmente al Instituto y al Ministerio de Capital Humano su decisión de avanzar con un plan de lucha y acción directa. La entidad fundamentó la protesta en la interrupción «inconsultamente» de la mesa de negociación que mantenía con el PAMI para tratar el tema retributivo de los médicos de cabecera y odontólogos, y las consecuencias derivadas de la Resolución 1107 del 9 de abril de 2026.

En la carta documento enviada a las autoridades, APPAMIA advirtió que «de no lograr un entendimiento razonable que tutele a nuestros representados, se implementarán todas aquellas acciones que legalmente correspondan», y destacó «la responsabilidad solidaria de la dirigencia de ese Instituto que adoptó medidas ilegítimas en perjuicio de nuestros representados, hechos que de no resolverse afectarán el funcionamiento de esa obra social y el daño consecuente para todos los beneficiarios del PAMI». La organización también denunció la situación ante el Ministerio de Capital Humano.

El plan de lucha incluye la reprogramación de los turnos de atención durante el período de protesta. Durante las jornadas de reclamo, los profesionales atenderán únicamente a los pacientes que presenten «patologías de tratamiento inmediato a criterio médico» y se limitarán a la prescripción de medicamentos por patologías prevalentes. Además, se atenderán solo dos pacientes por día por demanda espontánea. Los profesionales tampoco emitirán OMES (Órdenes Médicas Electrónicas) durante esos días; en caso de que los pacientes las requieran, se les indicará solicitar asistencia al servicio de emergencias del PAMI y realizar la consulta como «código verde».

El conflicto se enmarca en el rechazo a la Resolución 1107/2026, que introdujo en abril un nuevo esquema de remuneración que fija la cápita mensual por afiliado en $2.100 y elimina la consulta presencial como fuente de ingreso. Según los cálculos de APPAMIA, los profesionales pasaron de percibir alrededor de $2.100.000 mensuales a $1.400.000, lo que representa una reducción superior al 50% de sus ingresos. Para alcanzar un ingreso que permita sostener un consultorio alquilado, un médico debería tener asignados cerca de mil jubilados, una carga considerada inviable sin deteriorar la calidad de la atención.

La entidad señaló en su cuenta de X que esperaba un resultado negativo para julio debido a la debilidad que ya había mostrado la economía durante el segundo trimestre, pero admitió que la contracción terminó siendo considerablemente mayor de lo previsto.

“Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual”, señaló J.P. Morgan en su análisis.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta semana que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio una caída desestacionalizada del 2,9% respecto de junio.

En la comparación contra julio de 2025, la actividad económica retrocedió 1,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%. La magnitud de la contracción llevó a J.P. Morgan a poner el dato en perspectiva histórica. “La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020”, destacó la entidad financiera.

El banco agregó que, dejando de lado episodios económicos excepcionales de las últimas dos décadas, es necesario remontarse varios años para encontrar retrocesos mensuales de semejante magnitud.

“Si se excluye el confinamiento de 2020, el shock financiero global de fines de 2008 y el período de estrés financiero de 2018-2019, ningún mes desde 2004 había registrado una caída mayor”, sostuvo J.P. Morgan.

El resultado de julio profundizó las señales de desaceleración que ya habían aparecido durante el segundo trimestre. Según los datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) había registrado entre abril y junio una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primer trimestre, aunque en términos interanuales todavía mostraba un crecimiento del 2%.

Además, el nivel de actividad desestacionalizado de julio quedó 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año, según el análisis de J.P. Morgan. El crecimiento acumulado entre enero y julio, en tanto, se redujo al 1,7%, frente al 2,2% que acumulaba hasta junio.

Ante este escenario, el banco estadounidense revisó a la baja sus perspectivas para la economía argentina y redujo de 2,7% a 1,5% su estimación de crecimiento para todo 2026. J.P. Morgan proyecta, además, una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre, luego del retroceso registrado en el segundo trimestre.

La evolución de agosto y septiembre será determinante para establecer si la economía completa dos trimestres consecutivos de contracción en términos desestacionalizados.

Los datos sectoriales de julio mostraron también un comportamiento dispar: de los 15 sectores relevados por el INDEC, ocho registraron caídas interanuales.

Entre los retrocesos más importantes estuvieron comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 5,1%, y la industria manufacturera, con una contracción del 4,6% interanual. En sentido contrario, pesca registró un fuerte crecimiento interanual y la explotación de minas y canteras avanzó 8,4%.

El nuevo diagnóstico de J.P. Morgan se conoce después de que los datos oficiales confirmaran que la actividad económica perdió impulso durante el segundo trimestre y profundizó su contracción mensual en julio, aumentando la atención sobre la evolución de la economía durante la segunda mitad del año.

Luego de su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS, el abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por las supuestas irregularidades en la entidad.

El pedido realizado al juez federal Ariel Lijo fue “en virtud de los nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión”, indicó.

El escrito apuntó a los informes en los que “se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados”.

“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS”, sostuvo el texto.

En este contexto, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ex funcionario, remarcando su reciente procesamiento por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumo médicos a determinados laboratorios y empresas con coimas y sobreprecios.

Además, advirtió sobre el posible “peligro de entorpecimiento”, la posibilidad de que Spagnuolo “destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba”, que “influya para que testigos o peritos” e incluso pidió evaluar el “peligro de fuga”.

La jornada central será el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. 

En el marco de la Argentina Week, el mandatario mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios. Durante la jornada, a las 5.30, hora argentina, pronunciará las palabras centrales de la Argentina Week en la sede oficial de la OCDE; por la tarde, a las 13.50, mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo; y a las 15 participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación oficial argentina.

El programa incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.

Participarán ministros, gobernadores y referentes empresariales argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

Milei partirá este martes por la noche rumbo a París, y la agenda oficial comenzará el miércoles con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia, con ministros, gobernadores y principales empresarios del país.

En tanto, el viernes estará dedicado a sectores estratégicos. Por la mañana se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, con foco en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Ese día tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético en la IEA, con la participación de las más altas autoridades del organismo y sus principales expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos a nivel global. 

Del encuentro participarán el Secretario de Energía y Minería, Daniel González; el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la Secretaria de Energía, María Tettamanti; y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco).

Durante la reunión se analizarán las oportunidades de inversión a partir del nuevo marco normativo vigente en la Argentina en los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas, así como los proyectos en marcha que multiplican recursos e incrementan fuentes de trabajo. También estarán presentes empresarios del sector, entre ellos Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Jerome Precresse, de Río Tinto; y Olivier Hahn, de Total.

Entre las 11:00 y las 14:00 se realizará en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones. El encuentro abordará también agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.

En paralelo, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será sede del Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada de promoción comercial que reunirá a una delegación pesquera argentina integrada por 15 empresas con referentes de la industria alimentaria francesa. Se realizarán 165 reuniones de negocios B2B destinadas a consolidar la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

La jornada incluirá además un evento de premiación al presidente Javier Milei por parte del Paris Economic Forum.

 Los efectos de un fenómeno de “El Niño” muy severo y que se potenciarían más en los próximos meses llegan a nuestro país durante la primavera y, de acuerdo con los pronósticos, se esperan más lluvias que las habituales para la mayor parte del país, particularmente, sobre el Litoral, lo que aumenta el riesgo de crecidas de los ríos e inundaciones.

Según un informe se espera que se convierta en el fenómeno más potente registrado en las últimas cuatro décadas y se extenderá por lo menos hasta febrero de 2027.

“Venimos de un invierno en el que los efectos del Niño ya se habían empezado a sentir, con temperaturas en promedio más moderadas y con lluvias más intensas en varias regiones”, expresó Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

La experta manifestó luego: “Lamentablemente, todos estos impactos se van a potenciar en los próximos meses porque es en la primavera cuando este fenómeno se manifiesta con más fuerza sobre nuestro país”.

En efecto, lo que por lo menos desde el mes de marzo venía siendo anticipado por diversos centros de monitoreo climático de todo el mundo se terminó de confirmar y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió un comunicado en el que sostiene que “El Niño está firmemente establecido y se intensificará en un evento muy fuerte en los próximos meses” y agrega: “Los pronósticos de la OMM muestran casi el 100% de probabilidad de que persista hasta febrero de 2027”.

, el pronóstico climático trimestral desarrollado por un amplio grupo de profesionales de diversas instituciones prevé para los meses de septiembre, octubre y noviembre probabilidades muy altas de lluvias superiores a las normales sobre el norte del Litoral y oeste de Cuyo, y también para La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y noreste de Patagonia.

A su vez, se anticipan precipitaciones entre normales y superiores a las habituales hacia el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y noroeste de Patagonia. Normales sobre el centro-oeste de Formosa y Chaco, este de Salta y Santiago del Estero, mientras que se espera que sean inferiores a las normales sobre la región del NOA y sudoeste de Patagonia.

“Cuando hablamos de lluvias más intensas de las habituales, nos referimos a la posibilidad de que el agua caída supere la capacidad de absorción que tiene la tierra”, explicó Rusticucci y agregó: “Estamos hablando de una perspectiva que prevé lluvias que pueden estar muy arriba de lo normal en el noreste del país. Y dado que también se esperan lluvias abundantes en el sur de Brasil, los ríos de esa zona van a traer mucha agua. De hecho, ya tuvieron que cerrar la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú”.

La región que abarca las provincias de Misiones, Corrientes, este de Formosa, Chaco y Santa Fe, junto con el sur de Brasil, y norte de Uruguay es la zona que se anticipa como el epicentro de las precipitaciones, pero las consecuencias de las lluvias abundantes pueden extenderse hacia el sur y afectar a la Provincia de Buenos Aires donde, por su geografía, las aguas escurren lentamente.

Frente a esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional elaboró un trabajo estadístico que indica que, de las diez primaveras más lluviosas, cinco ocurrieron bajo los efectos de El Niño. En tanto que cuatro de las diez primaveras más frías se dieron bajo este fenómeno. El informe también señala que desde 1981 se registraron 15 eventos Niño durante la primavera, 5 de los cuales fueron fuertes. El último ocurrió en 2015.

De acuerdo con el comunicado de la OMM, el Niño actual será extremadamente fuerte, alcanzará su punto máximo hacia finales de este año y es posible que se convierta en el fenómeno más potente jamás registrado en las cuatro décadas que lleva el monitoreo de la organización. Además, su influencia no finalizará con el año 2026 sino que se extenderá por lo menos hasta febrero de 2027.

La nueva ley impactará en la tarifa de gas que pagan 3.350.000 de hogares del país. De ese total, 1.240.000 están ubicados en 94 municipios bonaerenses. El rechazo, que sumó en los últimos días múltiples cuestionamientos políticos, se trasladará a los tribunales: Bahía Blanca y Mar del Plata ya anticiparon que irán a la Justicia y otros distritos bonaerenses analizan seguir el mismo camino.

El cambio impactará en las boletas de gas debido a que los usuarios dejarán de tener los subsidios de entre 30 y 50% que tienen hoy. Podrán conservar algún grado de subsidio los hogares que acrediten «vulnerabilidad socioeconómica», cuyos ingresos mensuales sean inferiores al equivalente de tres canastas básicas totales, alrededor de 4,8 millones de pesos. El beneficio, además, alcanzará sólo a uno de los componentes de la factura y será menor al que rige en la actualidad

En la provincia de Buenos Aires, ya varios distritos anunciaron que irán a la Justicia. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (Fuerza Patria), anunció que recurrirá a la Justicia Federal una vez que se promulgue la ley. «A misma temperatura, mismo régimen. Si nuestra ciudad tiene las mismas temperaturas que Santa Rosa, Viedma o Neuquén, los bahienses no tenemos por qué pagar el doble. Es un despojo para Bahía Blanca”, planteó.

Susbielles adelantó que el reclamo se apoyará en distintos argumentos constitucionales. Según explicó, el municipio considera afectado el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, además de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y el principio de progresividad.

El jefe comunal también advirtió por el impacto económico. “La pérdida de este beneficio va a afectar al 100% de los hogares de Bahía Blanca”, sostuvo y estimó que para numerosas familias de clase media la suba de las facturas podría superar el 100 por ciento.

Otro planteo judicial se prepara en General Pueyrredón. El defensor del Pueblo de Mar del Plata, Marcelo Lacedonia, anunció que presentará un amparo colectivo para pedir que se declare «inconstitucional» la exclusión de la ciudad del régimen. La presentación llegará respaldada por una campaña que reunió más de 25 mil firmas. Uno de los argumentos será la comparación climática con zonas de Río Negro y Neuquén que continuarán alcanzadas por el beneficio.

Según los cálculos difundidos por la Defensoría, un marplatense que actualmente recibe una bonificación del 30% podría afrontar una suba cercana al 43% al perder ese descuento.

El frente judicial podría ampliarse. En Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera confirmó que su gobierno analiza recurrir también a los tribunales y que la presentación podría realizarse de manera conjunta con otros distritos afectados.

El jefe comunal de Fuerza Patria ya había expresado un duro rechazo a la votación del Congreso. «Sacaron Zona Fría: son una runfla de sociópatas», disparó en sus redes sociales tras la votación del Senado. «Le sacaron otro derecho a miles de familias y volvieron a meter la mano en bolsillos que ya no dan más», agregó.

Desde Rauch también aparecieron cuestionamientos. El intendente Maximiliano Suescun, presidente del Foro de Intendentes Radicales, puso el foco en las consecuencias económicas que tendrá la medida cuando comiencen a llegar las nuevas facturas.

«Ya estábamos con un problema serio porque las tarifas se recontra dispararon muy por encima de la inflación, así que si la eliminación del subsidio implica entre 30 y 50% de aumento, va a ser un liazo», señaló.

Suescun adelantó que el municipio ayudará a los vecinos a realizar el trámite necesario para acceder al nuevo esquema, aunque puso en duda cuántos conseguirán mantener el beneficio. «Tendremos que disponer de ayuda a los vecinos para realizar el trámite y ver cuántos ingresan y son aprobados efectivamente», sostuvo. Y advirtió: «Cuando les llegue la factura se van a caer de espalda. Quiero ver si efectivamente a una persona que cobra menos de cuatro millones no le va a impactar, lo quiero ver».

El gobernador Axel Kicillof también cuestionó la reforma durante una recorrida de gestión por Lobería y Balcarce. Remarcó que el beneficio respondía a las condiciones climáticas de buena parte del territorio bonaerense. «De nuevo les sacan un derecho que tenían a los bonaerenses. Teníamos casi 100 municipios, queda uno solo, el de Patagones incluido en Zona Fría», afirmó.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que representa a más de 500 intendentes e intendentas del país, se sumó al rechazo este sábado y calificó la modificación como «un golpe directo al bolsillo de las familias». Y advirtió que provocará “un enorme daño a millones de usuarios de gas». 

La jornada fue llevada adelante por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de José C. Paz, junto al Secretario de Educación, Prof. Mario Martínez, y el Director de Educación, Prof. Andrés Cerri.

Dicho programa brinda herramientas fundamentales para atender distintas emergencias que pueden presentarse en las instituciones educativas, garantizando una respuesta rápida y efectiva en situaciones críticas. Se trabaja para construir escuelas cada vez más preparadas y comunidades que sepan cómo actuar y cuidarse entre todos.