La ola de despidos en el Estado nacional alcanzó hasta el momento a 15 mil trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas de todo el país. Desde el gobierno advierten que el número es provisorio y no se descarta que pueda aumentar en tres o cuatro veces hacia fines de junio, cuando venza la prórroga de tres meses para los contratos que fueron renovados.

Además hubo10 mil contratos que no se renovaron a fines del año pasado, que correspondían a los que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencían el 31 de diciembre.

 Los despidos afectan la prestación de servicios estatales y la garantía de derechos a los ciudadanos más vulnerables.. Una mayor exposición de la población y el aparato productivo a las crecientes inclemencias climáticas, la precarización en la atención a las personas con discapacidades, o en las problemáticas de familia adolescencia y niñez, el deterioro de las estadísticas públicas como insumo clave para la toma de decisiones en materia de políticas públicas o, por caso, el virtual desmantelamiento del Cenard a meses del comienzo de los juegos olímpicos o la desprotección a Parques Nacionales al sacar personal que garantiza que puedan funcionar.

Destacando como ejemplo la violenta acción emprendida CONTRA EL ÁREA DE FAMILIA ADOLECENCIA Y NIÑEZ QUE TRAE LA CONSECUENCIA MAS TEMIDA: la desprotección de miles de  niños y niñas de la primera infancia.

Aunque no se manejan certezas se estima que ya son aproximadamente 300 los despidos en SENAF y una trabajadora de esa área es Verónica Müller dejó su marca al explicar la situación :“Desde que asumieron nos tuvieron sin autoridades designadas, las áreas están acéfalas porque ni siquiera salió la estructura formal del organismo. Presentamos líneas de acción para poder continuar con nuestros trabajos y estuvimos estos tres meses cumpliendo horario completo sin ningún tipo de tareas, a pesar de los distintos reclamos que hicimos. Estuvimos en nuestros trabajos en condiciones deshumanizantes, sin agua, sin aire acondicionado con la ola de calor, sin papel higiénico en los baños” con el recorte que hicieron en diciembre de todos los contratos del 2023, estas educadoras quedaron sin trabajo, por ende las salas quedaron sin personas que puedan llevarlas adelante y tuvieron que volver a cerrarse”

v

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por Verónica Müller (@lic.veronicamuller)

Verónica Müller es licenciada en Musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires y trabajaba desde marzo de 2021 en la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Primera Infancia, perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), secretaría que despidió a 300 trabajadores que conduce Pablo de la Torre, hermano del ex intendente sanmiguelino Joaquín de la Torre.

 “Yo estaba a cargo de la generación de contenidos sobre temáticas relacionadas con la primera infancia; principalmente acompañábamos con capacitación, diplomaturas o distintas instancias de formación a educadoras y educadores de Espacios de Primera Infancia (EPI), a equipos técnicos provinciales y municipales. Eramos un equipo interdisciplinario de cinco profesionales y el área fue vaciada totalmente, no quedó ninguna de mis compañeras”, informa Verónica con la preocupación por el vaciamiento de las políticas públicas.

 Los Espacios de Primera Infancia son jardines comunitarios que alojan a bebés y niñas y niños de entre 45 días y cuatro años. “Las personas que participan son docentes, pero muchas veces son madres cuidadoras o personas que están bajo el programa Potenciar Infancias y que recibían capacitación de manera gratuita, sostenida y certificada y que ahora se quedan sin capacitación. Con los despidos de los trabajadores del Senaf, los derechos de los niños y las niñas de todo el país quedan sin resguardo”, lamenta Verónica.

“Son momentos en que la individualidad está primando sobre lo colectivo y esto es un fenómeno que está dándose a nivel global -analiza Verónica Müller-. Es importante y urgente una reflexión profunda: en qué colaboramos cada una de nosotras y nosotros para llegar a esta situación y cómo podemos cambiar para que esto no vuelva a repetirse”.

En las formas de notificación han sido desprolijos y lo crueles. En algunos lugares el aviso fue por WhatsApp durante la madrugada, en otros se enteraron al no poder ingresar la huella digital o al no poder entrar al mail institucional. En Rosario, por ejemplo, fue un efectivo de la Policía Federal el que leyó las listas de los despedidos.

Además del impacto económico y familiar que implica para una persona perder su trabajo, estas medidas tendrán un impacto en la vida cotidiana de la sociedad en general. Se trata de sectores que empeorarán su capacidad o que directamente no podrán brindar el servicio. Cada despido es una tragedia para ese trabajador, pero cuando uno analiza la masividad de las cesantías se da cuenta que esa tragedia individual se transformó en una tragedia social, colectiva. “Detrás de cada puesto, hay una política pública que se desmantela”, dijo el dirigente de ATE Rodolfo Aguiar. 

El denominador común de esta indiscriminada depredación es la territorialidad y el desprecio por el federalismo. Gran parte de los despidos se dieron en el interior del país, en las delegaciones de los organismos centrales. No hay un criterio de despido, el único criterio es la calculadora. Hay una decisión clara del gobierno de retirar la presencia del Estado Nacional.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por Verónica Müller (@lic.veronicamuller)