Los bloques que garantizaron la aprobación fueron la UCR, el PRO, la Libertad Avanza y sectores de la Hacemos Coalición Federal que encabeza Miguel Ángel Pichetto. 

Se trata de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. Ésta última es la que se agregó a la lista de las que no figuraban en la versión anterior. El segundo grupo tiene que ver con cinco empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado que, de acuerdo a la propuesta, serían traspasadas a concesionarias privadas.

Allí se enlistan Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A. Por último, se enumeran nueve empresas o sociedades estatales que "sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias". Son Nucleoeléctrica Argentina S.A., Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros S.A., Nación Reaseguros S.A., Nación Seguros de Retiro S.A., Nación Servicios S.A., Nación Bursátil S.A., Pellegrini S.A, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Una de las principales incógnitas es qué pasará con los trabajadores que pertenecían a estas empresas estatales y que ahora fueron privatizadas. Con el pase de las empresas al sector privado en los noventa, hubo una ola de juicio por parte de los empleados que sufrieron la modificación de su situación laboral. 

El Plan 

El artículo 11 de la ley de Bases establece que "el proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión". El artículo 12, en tanto, define que "la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696, intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley".

El artículo 13 dispone que "la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles".