La Argentina le pagó este martes un vencimiento por unos US$ 1.900 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, las reservas cayeron a los US$ 27.575 millones.

En tanto, la autoridad monetaria compró US$ 194 millones.

“En abril el BCRA totalizó compras por US$ 3.348 millones, el mejor registro mensual del 2024”, afirmó el economista Gustavo Quintana.

El objetivo del gobierno argentino era que el Fondo aportara un colchón de dólares extra para permitir el levantamiento del cepo cambiario. Se estima que la quita de todas esas restricciones liberaría una fuerte demanda reprimida de divisas que hoy por hoy el Banco Central no puede afrontar. Milei estimó un número: se necesitarían U$S 15.000 millones.

Sin embargo, los contactos con el FMI no lograron ablandar su rigidez. Tampoco hubo resultados concretos de los sondeos de Caputo con otros bancos y fondos de inversión extranjeros: ninguno se anima a aportar dólares si primero no lo hace el Fondo.

En la actualidad, Argentina mantiene con el FMI un programa de facilidades extendidas que tiene vigencia hasta fines de 2024 y que establece metas trimestrales para el resultado fiscal y la acumulación de reservas. Además establece el cese de la emisión monetaria para ayudar al Tesoro.

Ese programa es la secuela del stand by firmado en 2018 para asistir financieramente al gobierno de Mauricio Macri. Como a su salida del poder Argentina no tenía manera de devolver los U$S 44.000 millones desembolsados, durante la gestión de Alberto Fernández se convino un nuevo acuerdo por el que el FMI gira esa cantidad para que el país la devuelva y se mantenga al día. Las nuevas cuotas comienzan a vencer en 2026. Esta semana el gobierno debe abonar unos U$S 2.700 millones, entre la amortización del stand by e intereses.

En paralelo, una misión de la entidad arribó a Buenos Aires para auditar las cuentas públicas y verificar si las metas trimestrales fueron cumplidas. A la luz de los números difundidos por el Palacio de Hacienda, que revelan superávit primario y financiero entre enero y marzo, y la compra de U$S 14.000 millones en el mercado oficial por parte del BCRA, se estima que la auditoría es un mero trámite y por eso desde Washington mandaron funcionarios de la línea técnica, sin capacidad de decisión política.