domingo 19 de mayo de 2024 - Edición Nº397

Política | 14 may 2024

Comedores populares

Violento operativo policial contra comedores y organizaciones sociales

Este lunes por la madrugada y por orden de la justicia federal, la Policía Federal realizó decenas de allanamientos a organizaciones sociales y a sus dirigentes en el marco de una denuncia realizada por el gobierno nacional por la supuesta extorsión beneficiarios de planes sociales.


El masivo operativo represivo comenzó bien temprano e incluyó allanamientos a comedores populares, a locales partidarios y a domicilios de dirigentes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y el Frente Organizaciones en Lucha (FOL).

Dirigentes denunciaron la violencia del accionar policial, señalaron que les rompieron las puertas de sus casas y los encañonaron frente a sus familias. Le secuestraron celulares y computadores.

“Denunciamos la escalada represiva de Bullrich y Milei. Han montado, con falsas denuncias, un esquema para avanzar en la criminalización de la organización social y popular”, informó en un comunicado la Federación Nacional de Trabajadores cooperativistas precarizados y de la economía social + CTD Anibal Verón.

La organización se reunió esta tarde con organizaciones sociales, políticas, sindicales y de DDHH y convocó para las 17.30 a una conferencia de prensa frente al Congreso Nacional.

Los operativos tienen su origen en una causa iniciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a partir de supuestas denuncias realizadas a la Línea 134 por beneficiarios de planes sociales que recibieron amenazas de dirigentes u organizaciones.

Ante un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez federal Sebastián Casanello rechazó en un primer momento realizar los allanamientos por falta de pruebas que los justificaran. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revirtió esa decisión y ordenó que se avanzara con la medida.

En un comunicado oficial difundido este lunes, el gobierno nacional aseguró que durante la instrucción de la causa se conoció que los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

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