Por iniciativa de distintas bancadas, la oposición logró avanzar con varios dictámenes favorables que declaran la emergencia presupuestaria de la educación superior y establecen parámetros para la actualización automática de las partidas para universidades públicas nacionales de todo el país.

Se tratarán en el recinto el martes 4 de junio, fecha a la que tanto Unión por la Patria como Hacemos Coalición Federal convocaron a sesionar, en conjunto con el tratamiento de los dictámenes sobre la movilidad previsional.

El bloque de la UCR -que preside Rodrigo de Loredo- es uno de los grandes impulsores de este debate (fueron quienes pidieron la sesión especial del martes pasado), pero habría un compromiso de no dar quórum en caso de que el Poder Ejecutivo alcance de acá al lunes un acuerdo con los rectores de las universidades. 
 

"Para nosotros si el lunes firman el acuerdo el Gobierno y las universidades, pierde sentido sancionar la ley. La idea es que el presupuesto prorrogado de 2023 a 2024 no quede congelado, sino que se actualice por la inflación acumulada. Si a eso se le da solución el lunes con un monto que conforme a las universidades, tema resuelto por este año", indicaron las fuentes de la bancada radical.

Si se lograra ese acuerdo, sería un parche para este año y obligaría a empezar de cero la discusión cuando se trate a partir de septiembre el Presupuesto 2025, de manera que no resolvería la cuestión de fondo, que es la actualización automática de las partidas para este área.

El martes pasado, en la sesión especial que había convocado el bloque de la UCR, se construyó una mayoría a partir de una inusual alianza de los bloques de la oposición dialoguista con Unión por la Patria para emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto a reunirse este jueves y obligarlas a dictaminar sobre un tema que incomoda al oficialismo, dado que repercute en la caja fiscal.

El dictamen de minoría firmado con 21 firmas de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela , propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.

Además, establece una modificación del articulo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.

El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también propone actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios de las becas Progresar.

Además, el proyecto de UP incorpora un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.