En medio del escándalo por la retención de alimentos que encontró a su chivo expiatorio en Pablo de la Torre, se conoció que el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, fondea a un organismo internacional para que éste, y no el Estado, contrate de manera temporal a un amplio grupo de funcionarios en la cartera. Así, con trabajadores en negro se elude la cláusula que impide aumentar la planta de empleados

La alianza con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI), habilita al organismo a realizar contrataciones de profesionales externos para proyectos puntuales. El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, -que fue separado de su cargo por"no haber notificado de la fecha de vencimiento de los productos"- habilitó un nuevo desembolso de $645 millones, que se suma a los $395 millones que ya le fueron girados al organismo a fines de enero,  según consignó La Nación.

Si bien se supone que el Estado no incurre en ninguna irregularidad al contratar a un tercero a través de un convenio macro de cooperación con un organismo, lo polémico recae en que  muchos de estos “terceros”  son los propios trabajadores del Ministerio. Como consignó el periodista Federico González del Solar, la OEI se convierte en el “administrador” de los recursos que le transfiere el Estado y en el empleador de los funcionarios quienes, en realidad, debería ser contratados por el Ministerio. Por esa gestoría, la OEI cobra un 5%.

En sí, el sistema de contratación surge como un alternativa en negro a otro tipo de contrataciones temporales del Estado, como los denominados contratos 1109 o los contratos de locación, conocidos como contratos 778. A diferencia de estos últimos, en los cuales el empleador es el Estado, la información del vínculo laboral queda resguardada en el organismo que se limita evaluar que el perfil del profesional se alinee con la tarea a desarrollar.

Además, el mecanismo permite sortear el decreto de la exministra de Economía, Silvina Batakis, que impide sumar nuevos funcionarios a la Administración Pública por debajo de las direcciones generales.

En medio de la discusión por atrasos salariales, el secretario general de ATE de la Secretaría de Cultura, Nicolás Rodríguez Saá, señaló:“Si Pettovello contrata a ‘futuros funcionarios’ por fuera, como es el ejemplo de contratar por OEI, no solo designa ilegalmente, ya que está contratando sin seguir el procedimiento previsto (en referencia al decreto) y prorrogado por su gestión, sino que además paga una comisión por cada contrato a OEI”. “También debería evaluarse si hay incompatibilidad por recibir dos pagos del Estado una por la designación y la otra por intermedio de un tercero”, apuntó.

La OEI, que solo con la Secretaría de Niñez pactó más de mil millones de pesos, se convierte así en el “administrador” de los recursos que le transfiere el Estado, y en el empleador de los funcionarios quienes, en rigor, son digitados por el ministerio. Por esa gestoría, la OEI cobraba un costo del 6%, que durante esta gestión se redujo al 5%.