La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y varios funcionarios de su cartera han sido denunciados penalmente por presuntas contrataciones irregulares de profesionales que facturaban por servicios no comprobados mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La denuncia fue presentada por el abogado y ex funcionario de Seguridad bonaerense Leonardo Martínez Herrero.
 

Cabe señalar que ya había una denuncia que recayó sobre la ministra de Capital Humano se produce por los sobresueldos en la cartera junto a Pablo de la Torre y Luis Scasso, director de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En esta oportunidad, el deunciante fue Alejandro Díaz Pascual. También hubo una tercera presentación formulada por la subsecretaria de Legales de Capital Humano y número dos de Pettovello, Leila Gianni, que fue "sorteada" esta mañana por Comodoro Py y quedó registrada con el número 2098/2024, ahora en manos de Lijo. Una autodenuncia que fue recaída en nada más y nada menos que el candidato del Gobierno  para la Corte Suprema. 


Ahora, Martínez Herrero acusa a Pettovello y a otros funcionarios de los delitos de “malversación de caudales, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita” debido a la cantidad de personas involucradas. Entre los denunciados se encuentran Pablo de la Torre, Federico Fernández, Esteban Bosch, Héctor Calvente, Fernando De La Cruz Molina Pico, Gonzalo Avetrani, Santiago Anziano, María Luisa Irigoyen y Nicole Tatschke, la mayoría de ellos ya separados de sus cargos en Capital Humano.
 

Además, se alega la contratación de profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera, una retención de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos cuyo destino se desconoce, y la existencia de una “bolsa neta” y una “cajita” con pesos que se convierten en dólares. La denuncia menciona que el mecanismo involucra a 18 personas, ninguna de las cuales figura en las bases de datos oficiales del Ministerio ni frecuenta las instalaciones de la dependencia oficial.

Martínez Herrero también indicó que al ser consultados los funcionarios del área de comunicación, aseguraron "no tener idea de la existencia, ni conocer a ninguno de los integrantes de la lista".

Antes de que se sortease el juzgado que deberá intervenir en la investigación, Martínez Herrero recusó al juez Ariel Lijo. “Toda vez que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia y siendo que la presente denuncia involucra directamente a ese poder del Estado Nacional, solicito que el juzgado del referido magistrado, como así también en los que el mismo subrogue, sean desafectados del sorteo correspondiente de estos actuados”, reclamó el denunciante.