“Es un agravio enorme para todo el pueblo argentino que el gobierno quiera poner palos en la rueda a la búsqueda de los nietos. Espero una reacción como sucedió con el fallo del 2x1”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La Conadi funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue creada en 1992 –durante el gobierno de Carlos Menem, a quien el presidente Javier Milei califica como “prócer”. En 2001, se dictó una ley para consolidar su existencia y el compromiso del Estado argentino con la búsqueda de los hijos e hijas de los desaparecidos que fueron sustraídos durante los años del terrorismo de Estado.

En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 a través del cual se creó una unidad de investigación dentro de la Conadi y se la facultó para acceder a todos los archivos estatales –desde los de Presidencia, Jefatura de Gabinete hasta los de las Fuerzas Armadas. La Conadi trabajó sin restricciones durante estos años, incluso durante el gobierno de Cambiemos.

En las últimas horas trascendió un proyecto –confeccionado desde el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona– para derogar el decreto de Kirchner. De esa forma, la Conadi no podría conducir investigaciones –que después informa al Ministerio Público o al Poder Judicial– ni acceder a los archivos del Estado. La redacción del proyecto, fechado el 12 de junio, habría estado a cargo de María Florencia Zicavo, jefa de asesores de Cúneo Libarona.

El argumento central que da el gobierno para desmantelar la Conadi es que desde el Poder Ejecutivo no se pueden llevar adelante investigaciones, que, en todo caso, son una competencia de los fiscales. En realidad, como respondieron desde Abuelas de Plaza de Mayo, si se siguiera ese criterio, no podría actuar la Oficina Anticorrupción (OA) ni podría haber actuado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada el 15 de diciembre de 1983. Tampoco podría hacerlo la Unidad de Información Financiera (UIF), que judicializa sus hallazgos.

Si la Conadi pierde la capacidad de investigar, Abuelas debería judicializar todas las denuncias que tiene con datos de personas que podrían haber sido apropiadas. En total, son unas 7.000 presentaciones que debería hacer ante los tribunales o la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante). Eso implicaría una saturación del sistema de justicia.

Con la ley Bases, el gobierno quedaba facultado para eliminar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), lo que generó la reacción de distintos bloques –incluida la Unión Cívica Radical (UCR). Después de eso, se tomó la decisión de listarlo dentro de los organismos que no pueden ser borrados de un decretazo.

“Estoy abrumada”, confiesa Estela. “No tengo palabras para expresar lo que siento frente a la intención que tiene el gobierno de dejar sin efecto la búsqueda de los nietos. Con todos los gobiernos hemos tenido la ayuda necesaria. Con 93 años, tengo la fuerza suficiente para luchar contra esto porque es un duro golpe contra todo el pueblo argentino”, dijo