Política | 13 nov 2024
Causa Vialidad
Ratificaron la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy la sentencia contra la ex presidenta, por el delito de administración fraudulenta de la obra pública en Santa Cruz. También se confirmaron las condenas a a Lázaro Báez y a José López. Julio de Vido fue absuelto.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
En un fallo de más de 1800 páginas, se confirmaron también las condenas a Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López (6 años de prisión), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y las absoluciones del del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
La ex presidenta sólo quedó condenada por el delito de administración fraudulenta y no por el delito de asociación ilícita, cómo había apelado el fiscal Mario Villar. La decisión fue votada por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la ex mandataria el delito.
En sí, el fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los próximos 10 días hábiles. Será el máximo tribunal quien resuelva el expediente y si ratifica la decisión de hoy de Casación el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero la Corte no tiene plazos para resolver.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal definió, además, el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos. Tras conocerse la decisión de la Cámara de Casación, se espera que Cristina encabece un acto en Moreno con la militancia.
Los hechos juzgados remiten a la tramitación de 51 de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, en cuyo marco encontraron ciertas maniobras que, para la Justicia, perjudicaron los intereses de la administración pública nacional.